Morelia, Mich., a 18 de febrero de 2021.- En Sesión Pública celebrada vía remota, el pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) resolvió que en el Procedimiento Especial Sancionador TEEM-PES-003/2020 no cumplió con los elementos suficientes para acreditar la existencia de actos de violencia política contra las mujeres por razón de género.
La Magistrada Yolanda Camacho Ochoa, explicó que para emitir el proyecto de resolución puesto a consideración del pleno y aprobado de manera unánime, se analizó minuciosamente bajo la perspectiva de género; se atendieron todos y cada uno de los motivos de denuncia, cumpliendo con los estándares convencionales, jurisdiccionales, reglamentarios y protocolarios en la materia.
Detalló que, no obstante, durante el estudio del caso y la valoración de los medios de prueba aportados por las partes, no fue posible identificar conducta alguna que cumpla con los requisitos indispensables que ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para tener por acreditada la existencia de violencia política contra las mujeres.
Camacho Ochoa en su intervención aclaró que la conclusión a la que llegó el pleno no implica que se niegue la posibilidad de que el denunciado, participara en situaciones que se coloquen justo en la frontera con los supuestos de la violencia política ejercida contra mujeres.
Subrayó que, no obstante, jurídica y materialmente es imposible considerar que cualquier omisión o acto por el que una mujer se considere vulnerada, tiene su origen en el género al que pertenece, por lo que, “tenemos la obligación de analizar en cada caso todos los elementos a nuestro alcance para concluir si realmente el acto u omisión se dirigió a la denunciante por ser mujer, si tiene un impacto diferenciado y si le afecta desproporcionadamente”.
Finalmente, reiteró el compromiso del máximo órgano electoral del estado de seguir aplicando las normas para sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres por razón de su género y con ello contribuir en el ejercicio equitativo de sus derechos en el ámbito público.
