22 de marzo de 2022. La Ley de Salud Mental debería de ser un instrumento jurídico para regular los servicios de salud mental relativos a la prevención, promoción y atención, tanto psicológica como psiquiátrica, y su importancia radica en sus beneficios indirectos para prevenir la comisión de conductas antisociales y delitos por parte de actores gubernamentales y privados, promover estilos de vida saludables comunitarios y fortalecer las relaciones positivas en las familias, disminuyendo los históricos índices de violencia social y de género que vivimos en todo el territorio nacional.
En México no contamos con Ley de Salud Mental, y por lo mismo no tenemos mecanismos para ejercer los derechos por parte de los usuarios de servicios de salud mental y las obligaciones por parte de las instituciones gubernamentales y privadas. Tampoco se cuenta con un presupuesto obligatorio anual de la Secretaría de Salud.
La población tiene derecho, según la ley de salud (que es obsoleta en temas de salud mental), a ser informada sobre campañas, planes, programas y servicios que proporcione el gobierno y las instituciones sociales y privadas en materia de salud mental.
Por su parte, la Secretaría de Salud tendría que aplicar acciones de participación social de los sectores social y privado, un modelo de salud mental y operar una red estatal de salud mental. Nada de esto sucede.
Han existido diversos intentos por lograr la citada ley, algunos más desaseados que otros, con intereses ocultos por parte de empresas y diputados que ignoran los complejos problemas a los que nos enfrentamos quienes trabajamos día a día en ofrecer servicios de salud mental de calidad, en un marco de derechos humanos y con un fuerte compromiso con las comunidades a las que nos debemos.
Las iniciativas de ley en salud mental han sido entre amigos, sin consultas públicas y sin discusión sobre los temas torales que tiene la ley, buscando muchas veces beneficiar el bolsillo de unos cuantos corporativos.
Existe un fuerte compromiso económico de las empresas farmacéuticas por tener control con los médicos, por medio de sus testaferros los psiquiatras, del recurso que se ejerce en la materia (cerca del 90% del presupuesto de la Secretaría de Salud se gasta en hospitales psiquiátricos, desoyendo las orientaciones técnicas internacionales de la ONU en materia de salud mental).
Las autoridades estatales tienen una obcecada idea sobre la psiquiatrización de la salud mental, también por cuestiones económicas y prácticas, muchas veces por desinterés o al ser engañados, pero también por poder, por control de las personas, violando el derecho humano a la salud de tener información y tratamientos de calidad en libertad y en la misma comunidad.
Por parte de la población existe un desconocimiento y desorientación sobre qué servicios usar y cómo acceder a ellos. Esto se debe a la misma manipulación que sufre la ley por parte de las autoridades locales, que no cumplen con su obligación de informar, orientar y atender a la población sobre los mejores servicios de salud mental comunitaria, con psicólogos en todos los centros de salud.
Los gobernadores prometieron en su campaña que atenderían la salud mental, pero hasta la fecha han incumplido, sin consulta a las organizaciones de la sociedad civil que nos especializamos en salud mental, sin escuchar a los familiares de personas con discapacidad psicosocial, sin atender a las y los mismos pacientes o usuarios de los servicios de salud mental.Es momento de luchar por una Ley de Salud Mental moderna para nuestro país, donde podamos contar con servicios psicológicos en los centros de salud. Conoce más en nuestras redes sociales.
