Revocatoria de mandato y reforma electoral
Yurisha Andrade Morales*
Impulsar reformas al sistema nacional de elecciones y aprobar la ley que regule los procedimientos de revocación de mandato, se han convertido en dos de los principales objetivos de Morena y del presidente de la república. En el transcurso de los días anteriores fuimos testigos del intercambio mediático entre actores políticos y funcionarios electorales y de la presentación de iniciativas específicas, acompañadas de intentos frustrados para convocar a un periodo extraordinario de sesiones del Congreso.
Emitir una ley reglamentaria de las bases constitucionales en materia de revocación o ratificación del mandato luce urgente ante la posibilidad de que se reúna el 3% de firmas de apoyo, alrededor de 2.8 millones de electores inscritos en la lista nominal, que pertenezcan, al menos a 17 entidades federativas y que signifiquen el 3% de electores de cada una de ellas y luego lo soliciten para que, en su caso, se desahogue el 27 de marzo de 2022, tal y como lo propone el INE.
Se trata de otro mecanismo de democracia participativa que desde 2019 reconoce nuestra Constitución y al que reiteradamente se refiere el grupo gobernante y su partido. Mientras se logran los consensos para aprobar la ley, el INE ha informado que aprobará lineamientos para no incumplir las normas constitucionales y establecer las reglas a las que se sujetará el procedimiento para someter al veredicto de las urnas si se ratifica o se revoca el mandato del presidente.
La reforma electoral camina en paralelo ya con ciertas posiciones públicas de los actores políticos. El primer mandatario ha informado que integrará un grupo de expertos para que se encarguen de redactar una propuesta en la que se considere la sustitución completa de consejeros y magistrados electorales. Por su parte, el Senador Ricardo Monreal dio a conocer un documento con diversas propuestas que podrían ser el eje de una iniciativa propia o del grupo de senadores de Morena para reformar la Constitución, entre la que destacan los temas siguientes.
En materia de democracia participativa directa, aparte de los mecanismos ya incluidos en la Carta Magna, se propone incorporar como derecho de la ciudadanía participar en referéndums, plebiscitos y para decidir sobre el uso, administración y destino de los proyectos y recursos asignados al presupuesto participativo en sus entidades federativas y en los instrumentos de gestión, evaluación y control de la función pública.
Por lo que hace a derechos políticos, Monreal propone derogar las fracciones II y IV del artículo 38 constitucional relativas a la suspensión de derechos por estar sujeto a proceso que merezca pena corporal, desde el auto de formal prisión y por vagancia o ebriedad consuetudinaria declarada. Mientras que en los temas de paridad se propone observar el principio en la postulación a gubernaturas, en la composición del poder legislativo federal y de los Estados, en la composición final de los ayuntamientos y alcaldías y en la integración de los organismos autónomos, además de incluir como causal de nulidad de una elección que se acrediten de manera fehaciente actos de violencia política en razón de género penalmente determinada.
Al referirse a las diputaciones de representación proporcional propone reducirlas de 200 a 100 señalando que en la ley secundaria se establezcan las reglas para ajustar la integración de las listas regionales, de manera posterior a la elección, a fin de garantizar paridad en la conformación de la cámara de diputados. También propone que el límite de sobrerrepresentación máxima se reduzca del actual 8% al 2%, mientras que las senadurías electas por el mismo principio se eliminarían dejando en 96 el número de integrantes de esa cámara.
En otro apartado, se considera la desaparición de los organismos electorales locales para que sus funciones se incorporen al INE y la conversión de tribunales estatales a salas locales como integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El INE tendría 7 consejeros en vez de 11 y la Sala Superior 5 en lugar de 7 magistrados. Estas son propuestas de las que mayor polémica han generado, bajo el argumento de armonizar facultades y disminuir los costos. Se prevén posibles disminuciones menores al financiamiento público y la adopción del voto electrónico.
Habida cuenta de su relevancia, la reforma electoral no puede partir de una visión unívoca ni ser el reflejo de las propuestas de un solo grupo, ni el resultado de una visión caprichosa que, de concretarse, pudiera generar tensiones innecesarias al sistema y retrocesos en los avances democráticos logrados en las últimas décadas.
Reitero mi convicción y propuesta en el sentido de que los cambios a nuestro modelo electoral implican posibilidades de lograr mejoras que lo vuelvan más funcional y lo adapten a las nuevas realidades de nuestro entorno social económico y político. El fortalecimiento de nuestra democracia camina de la mano de ajustes a nuestro marco legal electoral que provengan del mayor consenso entre todos los actores políticos, los especialistas en la materia y de las propuestas que las autoridades electorales construyamos a la luz de la experiencia y del cumplimiento de nuestras responsabilidades.
La deliberación para una reforma debe ser inclusiva y no excluyente; debe ser acordada y no impuesta; debe ser el producto de acuerdos políticos en lo básico, en los temas trascendentes y no solo en ajustes cosméticos que en el fondo impliquen resolver las inconformidades a conveniencia de aquellos actores que no están de acuerdo con las decisiones de las instituciones electorales. La descalificación y la confrontación solo entrañan formas de justificar resultados que no son favorables no por la intervención o decisiones de las autoridades en la materia sino por el veredicto de las urnas.
Llegó el momento de actuar con sensibilidad y de analizar con objetividad qué ajustes al marco normativo en realidad se requieren tanto en el ámbito de la federación como en el de nuestras entidades. No creo en la confrontación como mecanismo para avanzar. La democracia implica intercambio de argumentos y no de amagos verbales, así como la sujeción de nuestros comportamientos a un marco ético y de respeto.
*Magistrada Presidenta del Tribunal
Electoral del Estado de Michoacán
@YurishaAndrade
