Reforma electoral incluyente; el análisis de la Dra. Yurisha Andrade Morales

1948

Reforma electoral incluyente

Yurisha Andrade Morales*

En el marco de la deliberación pública actual, la reforma electoral pareciera inminente. De ser así, considero que debe ser incluyente y retomar experiencias y resultados de acciones afirmativas implementadas a favor de personas que forman parte de grupos en condiciones de vulnerabilidad que han sido excluidos históricamente. Los últimos procesos electorales favorecieron la postulación de candidaturas y la representación legislativa de mujeres, de personas con discapacidad, de la diversidad sexual, indígenas y jóvenes. A nivel nacional y en Michoacán se deben garantizar condiciones para avanzar en la igualdad sustantiva.

            La historia reciente indica que México ha impulsado modificaciones legales para revertir la desigualdad y ampliar los derechos políticos de todas y todos. La lucha por los derechos de las mujeres registra episodios importantes desde 1993 cuando se “invitaba” a los partidos políticos a promover la participación de las mujeres. Ya en 1996 la ley incluyó disposiciones que sugerían que las candidaturas no excedieran 70% para un género, lo cual, en 2002, se convirtió en obligación de los partidos establecida en la ley electoral federal para que postularan candidaturas en proporción de 70/30. La reforma federal de 2007 amplió los porcentajes a 60/40, a la par que se determinó que en los listados de representación proporcional se alternaran fórmulas de hombres y mujeres. Ya en 2014 se elevó a rango constitucional la paridad de género en la postulación de candidaturas.

            Más recientemente, el 6 de junio de 2019, se promulgó la reforma conocida como paridad en todo, con la cual los partidos deben postular candidaturas a todos los cargos de elección popular, locales y federales, en paridad de género.  Estas modificaciones son el resultado de acuerdos parlamentarios que retoman el impulso de mujeres y de organizaciones ciudadanas que apuestan por la ampliación de los derechos políticos, por la erradicación de la discriminación para este sector de la población y pugnan por una distribución más igualitaria del poder público.

            A pesar de los avances descritos, todavía falta mucho camino por recorrer para que las mujeres ejerzan a plenitud sus derechos libres de violencia y sin discriminación. No obstante, las elecciones de 2021 permitieron que 6 mujeres obtuvieran las gubernaturas de Baja California, Campeche, Chihuahua, Guerrero, Colima y Tlaxcala. Veremos qué ocurre en las elecciones de 2022 donde los partidos igual tienen la obligación de postular, al menos a tres mujeres candidatas para las 6 entidades federativas que renovarán gubernatura.

            En lo referente a la inclusión y no discriminación de personas que aún no ejercen a plenitud sus derechos, como son los indígenas, las pertenecientes a la comunidad LGBTTTIQ+, afromexicanos, migrantes y residentes en el extranjero, jóvenes y discapacitados, las acciones afirmativas implementadas por autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales, han iniciado la ruta de garantizar y ampliar sus derechos buscando erradicar la injusticia y la desigualdad de la que han sido víctimas.

            Bajo esa lógica, durante el Proceso Electoral Federal 2020-2021 se emitieron reglas para el registro de candidaturas federales y locales con fórmulas de personas pertenecientes a grupos vulnerables. Vale destacar la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del expediente SUP-RAP-121/2020 que le ordenó al INE delimitar los 21 distritos federales para la postulación de indígenas; implementar acciones afirmativas en favor de personas con discapacidades; así como identificar qué otros grupos debieran tener representación legislativa. Posteriormente, el propio tribunal emitió la sentencia del juicio identificado como SUP-RAP-21/2021 que apoyó la representación de migrantes y residentes en el extranjero.

            Todas estas medidas y criterios fueron retomados en acuerdos y sentencias de los organismos electorales, administrativos y jurisdiccionales, de los Estados de la república. Hay, en consecuencia, experiencias de su aplicación concreta que deben ser retomadas por los legisladores. La próxima reforma electoral debe ser incluyente y apostar por generar las mejores condiciones para alcanzar la igualdad sustantiva. Si no se incorporan normas que sean congruentes con los precedentes será una reforma cosmética e incompleta.

*Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán

@YurishaAndrade