El Gobierno Federal pretende erigirse por mandato de ley como el “Big brother” de la telefonía, con vigilancia y control total de las y los mexicanos, estableciendo así una dictadura de facto en México, recalcó el diputado Antonio Soto Sánchez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado.
Para el legislador resulta muy preocupante que, con el pretexto del combate a delitos como la extorsión telefónica, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se extralimite al alentar la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones para dar luz verde al fichaje de todo ciudadano que posea un teléfono celular al obligarlo a la entrega de datos personales y biométricos.
“La Sociedad Mexicana de Derecho a la Información ya ha alertado que el llamado Registro de Usuarios de Telefonía Móvil promovido por la federación, y aprobado ya por el Congreso Federal, atenta contra los derechos tecnológicos y la protección de datos personales”.
Agregó que dicha medida de ser avalada por el Senado, hará que las autoridades de seguridad y de procuración de justicia puedan libremente ejercer mecanismos de control sobre todas las personas usuarias de los servicios móviles mediante el acceso a sus datos personales.
Soto Sánchez consideró que el Gobierno Federal está reviviendo la fallida experiencia del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut) aprobado en 2009 y derogado en el 2011 luego que, se descubrió que los datos circulaban en el mercado negro.
“Vemos los mismos errores con mayor perversión, porque el Gobierno Federal busca por diversos flancos generar bases de datos con información privada de las y los mexicanos, con fines de vigilancia y control, lo cual nos parece sumamente grave”, refirió.
