Las autoridades estatales en Michoacán, han generado certeza no sólo para profesores y alumnos sino para la sociedad en su conjunto al lograr sensibilizar al Gobierno Federal para la firma del Acuerdo Educativo, el cual además ayudará a despresurizar la carga económica para la entidad, subrayó la diputada Lucila Martínez Manríquez, integrante de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado.
La legisladora celebró que finalmente el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda se hayan sentado este jueves a firmar un acuerdo por el que las autoridades michoacanas vinieron trabajando luego que en noviembre de 2018, se planteó a la federación la imposibilidad de continuar con la carga educativa que fueron generando administraciones anteriores de manera irresponsable.
Lucila Martínez Manríquez reconoció la capacidad de gestión y negociación del gobernador Silvano Aureoles Conejo para concientizar al Gobierno Federal acerca de la importancia de que éste retomara sus responsabilidades constitucionales con el sector educativo en Michoacán en lo que a educación básica se refiere.
Apuntó que la medida no es aislada, ya que a la par de ésta, las autoridades en Michoacán han venido trabajando para contrarrestar el déficit educativo generado por la creación irresponsable de plazas entre 1997 y 2014, lo que puso a la entidad al borde del colapso económico.
Recordó que de 1997 a 2014 se incrementó considerablemente la cantidad de plazas estatales, a tal punto que se pasó de tener 9 mil plazas estatales, que costaban aproximadamente 394 millones de pesos anuales, a tener poco más de 29 mil con un costo de 7 mil millones de pesos.
“Todas esas plazas eran pagadas con recursos estatales y todas consignadas en las minutas que propició la doble negociación”.
La diputada agregó que el crecimiento sostenido de un promedio aproximado de mil 150 plazas al año, provocó que, si en 1996 el sistema educativo tenía 9 mil 406 trabajadores estatales, con un costo anual de 394 millones de pesos, para este 2020, la nómina sea de 28 mil 897 trabajadores estatales, que significan un costo al año de nueve mil millones de pesos, de los cuales casi mil 600 millones de pesos corresponden a bonos y prestaciones.
