Los actores del proceso electoral 2020-2021
Yurisha Andrade Morales*
El pasado 7 de septiembre inició el Proceso Electoral 2020-2021, que permitirá renovar la Cámara de Diputados, 15 gubernaturas, 30 congresos locales y 1 926 ayuntamientos. En total, el 6 de junio del siguiente año se votarán 21 364 cargos de elección popular. Se trata del proceso más denso de la historia reciente del país cuyo desarrollo implica diversos retos para autoridades, actores políticos y ciudadanos en un escenario inédito producido por la pandemia sanitaria que lastima al planeta.
Los tribunales electorales tienen la responsabilidad de velar por la justicia y los derechos fundamentales de carácter político-electoral. Su función es dar certeza jurídica a las elecciones resolviendo las controversias que se puedan suscitar. En nuestra entidad, el Tribunal Electoral, es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia competente para conocer y resolver los medios de impugnación que se materializan en los recursos de apelación, juicios de inconformidad, juicios para la protección de los derechos político-electorales y procedimientos especiales sancionadores.
Justo en el marco del proceso electoral en curso, el pasado 19 de septiembre se recibió en el TEEM, el primer procedimiento especial sancionador previsto en la normativa que nos rige como un medio para conocer actos que pudieran vulnerar normas sobre propaganda política o electoral, incurrir en actos anticipados de precampaña o campaña, violentar o afectar el ejercicio del derecho de réplica, lastimen el principio de equidad en la contienda o constituyan violencia política de género.
Durante el proceso electoral, los partidos políticos y las candidaturas independientes son los principales actores políticos. Los partidos son entidades de interés público que cuentan con personalidad jurídica y tienen como finalidad promover la participación del pueblo en la vida democrática del país, así como contribuir a la integración de los órganos de representación política. Mientras que las y los candidatos independientes, desde su reconocimiento constitucional en agosto de 2012, significan una opción frente a los que son postulados por las organizaciones partidarias.
Serán las instituciones públicas, la ciudadanía y los candidatos independientes y partidarios quienes deberán ajustar su comportamiento a los principios y valores consagrados en la Constitución y en la ley, apostando por fortalecer nuestro régimen democrático y los diversos aspectos de la economía y de la sociedad. Todo proceso comicial implica una competencia intensa en la que se presenten propuestas de políticas públicas y de carácter legislativo atractivas al ciudadano y eficaces para atender los problemas nacionales y específicos de cada Estado de la República.
Debido a la pandemia, las redes sociales jugarán un papel fundamental en el cumplimiento de las actividades de autoridades y candidatos. La experiencia internacional indica que constituirán una vía privilegiada para difundir medidas sanitarias pertinentes para evitar contagios de la población durante la integración de mesas directivas de casillas y todo el trabajo de la logística electoral, así como para la transmisión de los mensajes que las y los candidatos envíen al electorado.
En la llamada era de la información, las nuevas tecnologías abren un espacio privilegiado para ejercer la libertad de expresión, ya que facilitan el flujo de información plural, con entornos horizontales de interacción y facilitan el intercambio de datos y conocimientos de las personas en situaciones de riesgo. El reto para todos será acercar información útil a los votantes en todos los rincones de país donde siguen existiendo severas asimetrías de desarrollo y por tanto de conectividad y uso de medios digitales.
Sabemos también que las redes son susceptibles al mal uso pues deliberadamente se pueden difundir a través de ellas contenidos falsos que propicien la desinformación o la calumnia, así como el abuso y el mal uso de los datos personales. Cuando esto sucede, el objetivo es contaminar la elección con estrategias de confusión e intimidación, para favorecer a una u otra oferta política o para entorpecer el desarrollo del proceso.
Quienes compitan por los cargos públicos deberán tener conciencia de la importancia de contrastar sus propuestas, de impulsar un debate de contenidos y no de descalificaciones, de privilegiar los contenidos centrales de sus plataformas electorales y no los acostumbrados mensajes de las campañas negras o de desinformación, que generan hartazgo y molestia entre los electores.
Concibo a las elecciones como la posibilidad de cumplir un deber cívico fundamental, como un llamado a las urnas en libertad y con responsabilidad, como un encuentro de las y los ciudadanos con ese deber cívico para expresar su mandato para elegir gobernantes y representantes populares y como el único mecanismo legítimo para la renovación de los integrantes de los poderes públicos que se eligen.
En manos de quienes integramos a las autoridades electorales está el correcto desahogo de los procesos electorales para tener elecciones libres y auténticas; en la órbita de los actores políticos está que se desahoguen en el marco de nuestra institucionalidad; y a los electores compete decidir en libertad, sin presión y sin coacción, quiénes son más aptos para gobernar o para representarnos en los órganos legislativos. A todos, en conjunto, nos corresponde hacer que las elecciones sean una vía de fortalecimiento de nuestra democracia.
* Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral
del Estado de Michoacán
@YurishaAndrade
