La democracia en nuestro país está en constante riesgo.
El sistema financiero, político y militar podría colapsar al estar vulnerable.
Se necesita un marco legal que prevenga, ataque y consigne a los responsables.
La discusión que ahora se realiza en el Congreso de la Unión en materia de ciberseguridad debe ser transversal a la gobernanza a fin de proteger la democracia y a los usuarios digitales del país, advirtió Ezequiel Aguiñiga, presidente del Consejo de Administración de PSI-México.
“De no hacerlo, la democracia en nuestro país -a través de la gobernanza- seguirá en constante riesgo porque el sistema financiero, político y militar del país estará en condiciones de colapsar al estar vulnerable a un ciberataque”, vaticinó.
El ingeniero lamentó que el marco jurídico en nuestro país data de 1997, año que -por demás- está rebasado para el nivel de actualización que en este momento tiene el ciberespacio; “por este motivo tenemos ciberataques del tamaño de Guacamaya o los famosos montadeudas”.
“Los ciberdelincuentes actúan en nuestro país porque carecemos de un marco legal que prevenga, ataque y consigne a los responsables de estos ilícitos”, argumentó el especialista en ciberseguridad.
“No sólo es una situación de pérdidas millonarias o un déficit en los profesionales de la ciberseguridad; es que nuestro marco legal hace factible que México sea blanco de ataques como el que se registró en contra de los archivos militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)”, dijo.
El también líder de PSI-México recordó que nuestro país todavía no suscribe el “Convenio de Budapest”, instrumento internacional que trata de manera específica la forma de prevenir y mitigar el riesgo del ciberdelito, que entró en vigencia desde 2004.
“El convenio fue aprobado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa en noviembre de 2001 en Budapest y entró en vigor el 1 de julio de 2004; si México suscribiera dicho convenio, los legisladores podrían empalmarlo al marco jurídico nacional”, sostuvo.
Por su parte, el ingeniero Enrique Rodríguez Sánchez, coordinador del área de seguridad cibernética de Proyectos y Suministros Interdisciplinarios (PSI-México) explicó que, en los últimos dos años, producto de la pandemia por Covid 19, los ciberdelitos aumentaron 73 por ciento, con respecto a 2019.
Citó el último informe del Programa Global de Ciberdelito de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) en el que se determina que, 80 por ciento de ellos se dieron a través de plataformas como Facebook.
Por si esto fuera poco, advirtió el también científico del Instituto Politécnico Nacional (IPN), que “una tercera parte de los ciberdelitos en México están relacionados con pornografía infantil, trata de personas y delitos financieros”.
Ambos científicos de PSI-México coincidieron en que los legisladores mexicanos deben tomar con seriedad la situación de la seguridad cibernética en el país, “porque no sólo es por la comisión de más de 50 mil denuncias por ataques digitales en los primeros nueve meses del año.
Éstas generaron pérdidas económicas que superaron los 925 mil millones de pesos, sólo en nuestro país, pero que en países como los Estados Unidos representó una tercera parte, pero en dólares, sólo en lo que va del presente año.
