LA PRIVATIZACIÓN DE CALLES
El Derecho a la Ciudad
Salvador García Espinosa
Desde hace aproximadamente dos décadas, de forma simultánea a la proliferación de desarrollos habitacionales privados, se ha observado un incremento en la cantidad de calles que son “cerradas” por los habitantes de una ciudad. En ambos casos se argumenta como una estrategia para brindar mayor seguridad, pues es innegable que los índices de inseguridad se han incrementado substancialmente.
En el primer caso, desarrollos habitacionales privados, la percepción de brindar una mayor seguridad, ha sido capitalizada por los promotores inmobiliarios, para incrementar significativamente el precio del suelo. Aunque al final de cuentas, a mediano y largo plazo, los supuestos controles de seguridad dependerán de la capacidad que tengan los vecinos de organizarse, financiar y mantener. Todo esto, en la mayoría de los casos, bajo el régimen de propiedad en condominio.
En el segundo caso, “cerrar” calles, por vecinos que se organizan ante la incapacidad de las autoridades correspondientes para garantizarles seguridad en sus bienes y personas, Los controles que instalan y que van desde una “pluma” como las usadas en estacionamientos, hasta rejas, puertas y verdaderos controles de seguridad para restringir el libre acceso de personas o vehículos, como una estrategia de auto-proveerse seguridad o al menos una percepción mayor de seguridad. Incluso en el caso de la CDMX la Comisión de Derechos Humanos ante quejas de vecinos por este hecho, señalo que “no sólo es ilegal, prohibida por la ley, sino que también es violatoria de derechos humanos porque limita la libre circulación, discrimina a las personas, dificulta su acceso, provoca fragmentación, los aísla y obstaculiza la movilidad”.
El hecho de que los vecinos asuman el control del espacio público, es clara evidencia de la importancia que tiene la organización física del espacio en las relaciones sociales, pues, aunque en toda la ciudad se padecen los efectos de inseguridad, no siempre la organización espacial fomenta el desarrollo de vínculos sociales más estrechos, que permitan transitar de consideraciones privadas y personales, a estrategias comunes o sociales, previo establecimiento de consensos.
Se considera que el problema se origina a partir de que lo público se conceptualiza en relación a lo opuesto, es decir, con lo privado. De ahí que en la mayoría de las ocasiones se piense en función de la dicotomía publico/privado y no como un sistema complementario. En la ciudad griega, existió una distinción entre la esfera pública y la privada, la primera corresponde al oikos, el hogar, y la segunda a ecclesia, el lugar de la política, donde se evalúan y resuelven los asuntos que afectan a todos los miembros de la polis. Pero entre ambos, se ubicaba un tercer ámbito, el ágora cuya función principal era asegurar un tráfico constante y fluido entre los dos primeros ámbitos.
En nuestras ciudades, hemos eliminado los espacios de transición, la distancia entre el ámbito privado del hogar y el público de la ciudad, puede ser de tan sólo cuatro centímetros, que constituyen el ancho de la puerta que divide nuestro hogar de la ciudad. En este contexto, cuando los vecinos cierran una calle y se argumenta la necesidad de brindar mayor seguridad, en realidad se busca seguridad basada en el establecimiento de un espacio de transición, que permita filtrar, controlar y seleccionar el flujo existente entre lo privado del hogar -bajo su control- y lo público, de la ciudad -bajo el control de nadie-.
La normatividad vigente establece con toda claridad que, la vía pública es inalienable e imprescriptible, por lo que no podrán constituirse sobre ella hipotecas, usos o usufructos y que corresponde a la autoridad municipal vigilar el uso de dichos bienes para su libre tránsito. En la práctica, según se observa, las autoridades han sido tolerantes e incluso omisas en atender el fondo del problema o implementar medidas efectivas que permitan incrementar la confianza de los vecinos respecto de los mecanismos de seguridad.
Sin embargo, las autoridades municipales, antes de ejercer su atribución y retirar los controles de seguridad establecidos por los vecinos, deberían de considerar que sus limitaciones en términos de garantizar seguridad, sólo pueden superarse con la participación de la población y a través de distintas estrategias. Una de ellas, desde la perspectiva urbana, se considera que puede ser, asumir el proceso de privatización de calles como una práctica común, sobre la que debe legislarse, pero no simplemente para mantener la prohibición, sino para encauzar y establecer lineamientos que permitan garantizar la seguridad de los habitantes de la zona, sin comprometer la accesibilidad y movilidad de la ciudad. Inclusive en los casos que proceda, realizar el cambio en el régimen de propiedad a condominio.
El potencial que ofrecería normar esta práctica, conlleva a múltiples beneficios, por ahora inalcanzables, pues legalmente no están cerradas por lo que no se puede responsabilizar a nadie de su vigilancia; además en la práctica, la autoridad cedió su responsabilidad de cuidar y mantener dichos espacios. lo que las convierte a estas calles “cerradas” en espacios de conflicto vecinal, además de confrontación entre ciudadanos y autoridad.
Otra opción, que no excluye a la anterior, es la generación de espacios intermedios, en aquellos sitios que sea posible, para desdibujar la confrontación pública/privado en beneficio de una mayor percepción de seguridad para todos los habitantes de la ciudad y no sólo para unos cuentos vecinos.
