Morelia, Michoacán; 14 de mayo de 2020. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) exhorta a las autoridades de la administración pública estatal y municipal a que adopten las medidas necesarias para garantizar los derechos de las personas con discapacidad ante la emergencia sanitaria por el Covid-19.
El encargado del Despacho de la Presidencia, Uble Mejía Mora, manifiesta que en medio de la pandemia por la que atraviesa el país y Michoacán es urgente garantizar el derecho al acceso a la información y el derecho a los servicios de salud oportunos y de calidad particularmente a los grupos en situación de vulnerabilidad como son las personas con discapacidad.
Esta CEDH se pronuncia porque se adopten los protocolos específicos de prevención, atención y cuidado que garanticen la salvaguarda de los derechos de las personas con discapacidad con mayor riesgo de contagio, como las personas adultas mayores y aquellas que se encuentran institucionalizadas en albergues, hospitales psiquiátricos, centros de reinserción social, casas hogar, entre otras.
A continuación el documento íntegro:
LA COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS SE PRONUNCIA PORQUE LAS AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES ADOPTEN MEDIDAS APROPIADAS PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, FRENTE A LA EMERGENCIA SANITARIA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19.
Ante la emergencia sanitaria respecto a la epidemia generada por el Covid-19, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) hace un llamado a las autoridades estatales y municipales a adoptar todas las medidas posibles que protejan de manera amplia a los grupos en mayor condición de vulnerabilidad como es el caso de las personas con discapacidad.
En el marco del artículo 11 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad referente a las medidas posibles para garantizar la protección y seguridad de las personas con discapacidad en la respuesta nacional a situaciones de riesgo y emergencias humanitarias y conscientes de los obstáculos con los que se enfrentan las personas con discapacidad para disfrutar de las mismas oportunidades que el resto de la población, a este organismo le preocupa que el derecho al acceso a la información y el derecho a los servicios de salud no sean oportunos y de calidad para este sector de la población.
Por ello, ante este contexto se exhorta a las autoridades correspondientes a tomar medidas de emergencia para responder adecuadamente a la pandemia Covid-19 y atender a la población con discapacidad, adoptando los protocolos específicos de prevención, atención y cuidado a efecto de proteger a las personas con discapacidad con mayor riesgo de contagio, como las personas adultas mayores y aquellas que se encuentran institucionalizadas en albergues, hospitales psiquiátricos, centros de reinserción social, casas hogar, entre otras.
Asimismo, es necesario que se emita oportunamente información sobre la pandemia y formas de prevención del contagio en formatos impresos y digitales que sean accesibles, tales como audio, sistema Braille, lengua de señas mexicana, fácil lectura, pictogramas, entre otros modos y medios de información y comunicación.
En cuanto a las acciones de protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad, se cuenta que en el periodo del 2017 al 12 de mayo del año en curso se han presentado ante este Organismo 50 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos de personas con discapacidad, se atendieron 27 orientaciones y 36 canalizaciones.
Los derechos presuntamente violentados más recurrentes son: el derecho a la accesibilidad a los servicios de salud, derecho a recibir atención médica integral, derecho a obtener servicios públicos de calidad, derecho de las personas con algún tipo de discapacidad, derecho a no ser discriminado, derecho a no ser sometido al uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública, por mencionar algunos.
Es prioritario atender las necesidades específicas de las personas con discapacidad para que no se agrave su derecho a la salud y se asegure reciban en igualdad de condiciones atención oportuna y de calidad antes, durante y después de la contingencia sanitaria.
Por último, este Organismo constitucional autónomo hace un atento llamado a considerar el agravamiento de las barreras que pueden surgir para las personas con discapacidad posterior a la emergencia sanitaria, por lo que se alienta a las autoridades tanto estatales como municipales a fortalecer a las instituciones relacionadas con la atención e inclusión de las personas con discapacidad, a fin de que se desarrollen e implementen políticas públicas solidas e integrales que les aseguren la igualdad de oportunidades y derechos en todos los aspectos de la vida.
