Inmujeres lucha contra la violencia hacia trabajadoras sexuales: ¡basta de crímenes de odio!

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En el marco del Día Internacional por el Fin de la Violencia contra las Trabajadoras Sexuales, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) reafirmó el derecho de todas las mujeres a decidir sobre sus vidas y sus cuerpos, y se unió al llamado internacional para poner fin a los crímenes de odio y violencia cometidos en contra de las trabajadoras sexuales. Además, reiteró su compromiso para promover, prevenir, proteger y respetar los derechos de todas las mujeres sin distinción, así como el trato digno y una vida libre de violencia.

De acuerdo con la Segunda Encuesta Trabajo Sexual, Derechos y no Discriminación del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), el 78.7% de las personas que ejercen trabajo sexual vivió violencia o discriminación por parte de policías; 69.2% de los clientes; 51.9% de transeúntes; 30.7% de jueces cívicos, y 28.3% de personal de hospitales.

La misma encuesta también destacó que la falta de protocolos claros, el trato indigno, discriminatorio y basado en el estigma que reciben las trabajadoras sexuales por parte de autoridades desalientan la denuncia de los actos de violencia en su contra.

La dependencia también mencionó que para garantizar los derechos de las trabajadoras sexuales es necesario visibilizar la diferencia entre trata de personas y trabajo sexual, ya que las mujeres víctimas de trata y explotación sexual deberán ser apoyadas con la aplicación de leyes y protocolos establecidos contra este delito; y con las mujeres que han elegido libremente ejercer el trabajo sexual se debe reconocer y respetar su agencia y capacidad de decidir sobre sus vidas y cuerpos, así como garantizar que sus condiciones de trabajo sean seguras, libres de violencia, explotación y discriminación.

En México, las trabajadoras sexuales viven y están expuestas a violencia física, sexual, emocional, familiar y económica. Por lo tanto, es necesario abrir el diálogo para construir una agenda política de derechos y no criminalización.