La estrategia de seguridad en el país que impulsa el Gobierno Federal, refleja la incapacidad para enfrentar y frenar la violencia, lo cual queda demostrado con determinaciones improvisadas y con los datos que arrojan las dependencias de seguridad a nivel nacional, subrayó el diputado Humberto González Villagómez, tras urgir a que se corrija el rumbo y se midan de manera constante las políticas públicas que se impulsan.
El diputado presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil en la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado recalcó que, la delincuencia nunca descansa, y contrario a lo que se reflejó durante los primeros días de la contingencia sanitaria por COVID-19, donde hubo una primera reducción en los índices de violencia, ha demostrado que su actividad se ha recrudecido de manera alarmante en el país, y a la vez, ha incrementado la situación de violencia familiar y del hogar.
Los datos publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sobre la incidencia delictiva demuestran la situación tan complicada que enfrenta nuestro país, por lo que es lamentable, que no sea prioridad el combate y la atención de este grave problema para la Federación, al no corregir el rumbo.
Hizo mención que el pasado 11 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, determinación que refleja que la inseguridad ha alcanzado al Gobierno Federal y a las instituciones diseñadas para atenderla.
Humberto González expresó que “el difuminado panorama de una estrategia que se asemeje al Plan Nacional de Seguridad Pública y la poca intervención de las entidades federativas derivado de una centralización de dichas funciones de seguridad pública, no se limitan a ser señalamientos de la incapacidad para enfrentar el problema, sino que se fortalecen con los datos que nos arrojan las dependencias de seguridad a nivel nacional”.
Reconoció que en el país se tiene una gran deuda pendiente en materia de seguridad pública, una deuda que no requiere de identificar al culpable, sino de entender que al ser una incidencia nacional, requiere de todos y cada una de las autoridades tanto federales como locales en la atención del problema, para buscar las estrategias reales y medir su efectividad, y no de publicar decretos aislados que sumado a la opinión pública desconciertan la percepción sobre la corruptibilidad de nuestras dependencias en materia de seguridad.
