En México debe reorientarse el gasto en protección ambiental, ya que actualmente el recurso que se invierte en la materia se destina a actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales, subrayó la diputada Lucila Martínez Manríquez, integrante de la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado.
La diputada local recordó que en México los recursos que se destinan a la protección ambiental resultan mínimos al compararse con el agotamiento y degradación.
Señaló que el Producto Interno Neto Ajustado Ambientalmente permite conocer el costo económico que se tendría que asumir por los daños ambientales, lo que es equivalente al 4.3% del Producto Interno Bruto a precios de mercado.
“El problema es que los pocos recursos que se destina a la materia ambiental en el país, no está debidamente enfocado, y por el momento se asigna mayormente a la generación de estructura normativa y gubernamental, lo que resulta a todas luces insuficiente”, sostuvo Lucila Martínez.
Tomando como referencia los datos del INEGI, la diputada dijo que los gastos en protección ambiental realizados por el sector público en su conjunto y los hogares alcanzan un monto que oscila en los 123.9 mil millones de pesos, lo que representa 0.6% del Producto Interno Bruto a precios básicos.
Refirió que ese gasto se destina principalmente a las actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales con 62.1%; mientras que, para la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final es un 22.5%; los servicios profesionales, científicos y técnicos apenas alcanzan un 6.8%; y el resto de los sectores junto con los hogares representan el 8.6% restante.
