En cuatro meses, FGE ha cumplimentado 445 órdenes de aprehensión

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En apego a los compromisos establecidos para combatir la impunidad, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), cumplimentó 445 órdenes de aprehensión durante los primeros cuatro meses de funciones como órgano autónomo, a partir del pasado 24 de febrero del 2019, fecha en que fue designado como titular de la misma, el Fiscal General, Adrián López Solís, por el Congreso del Estado.

Derivado de diversos trabajos de investigación e inteligencia, a través de las distintas Fiscalías Regionales y Especializadas, la FGE ha logrado cumplimentar dichos mandamientos judiciales, refrendando así el compromiso de la institución de perseguir y llevar ante los tribunales a toda aquella persona que se encuentre relacionada en hechos delictuosos.

La cifra de órdenes de aprehensión cumplimentadas, la encabeza el mes de marzo, con 135 mandamientos; le sigue mayo, con 106; junio con 104, y por último, el mes de abril con 100 mandamientos judiciales.

Asimismo, las Fiscalías Regionales que encabezan estas cifras, son: Morelia, Uruapan y Zamora, con 181, 72 y 64 órdenes de aprehensión cumplimentadas, respectivamente, y que corresponden, en su mayoría, a los delitos de homicidio, secuestro, robo, lesiones y contra la salud.

Cabe resaltar que, a partir de su entrada en funciones, luego de haber transitado de PGJE a FGE, se ha dispuesto una serie de acciones encaminadas a reforzar los trabajos de investigación que se llevan a cabo, con el objetivo de identificar a quienes incurren en hechos que la ley señala como delitos y, en consecuencia, detener a quienes los cometen.

Dichas acciones se encuentran enmarcadas en el Decálogo para Combatir la Impunidad en Michoacán, en el que se establece todo un plan de acción enfocado a reforzar los trabajos de la institución, priorizando aspectos como el respeto a los derechos humanos, la atención a víctimas del delito, el fortalecimiento institucional, la actualización y la capacitación del personal que labora en la FGE, para que se garantice a las y los michoacanos, procesos de procuración de justicia apegados a la legalidad.