El Derecho a la Ciudad
EL CARÁCTER PÚBLICO DE LA CALLE
Salvador García Espinosa
La semana pasada, personal de H. Ayuntamiento de Morelia realizó brigadas para retirar obstáculos de la vía pública que, como práctica cotidiana, colocan los propietarios de viviendas y establecimientos comerciales, a fin de “reservar” espacios de estacionamiento y así restringir el uso del espacio público de la calle. Dichas acciones fueron motivo de espacios noticiosos, principalmente por la resistencia y quejas de los propietarios que se hicieron acreedores a una multa de acuerdo con el Reglamento de Orden y Justicia Cívica del municipio de Morelia.
El fundamento que motivó la aprobación del Reglamento mencionado, aprobado el 13 de abril de 2016, se expresa en su artículo 1, facción 1, tiene por objeto “Fomentar una cultura cívica en el Municipio de Morelia que fortalezca los valores de la ética pública y el disfrute colectivo de los derechos fundamentales de la sociedad”. Principio en el que todos deberíamos de estar de acuerdo, dado que, el espacio público es un derecho colectivo y, en consecuencia, es un deber del Estado proteger su integridad y garantizar su uso común anteponiendo el interés general sobre el de cualquier particular.
En su artículo 5 se indica que se “prohíbe colocar objetos u obstáculos en espacios públicos …impide colocar elementos que obstruyan la vía peatonal o la circulación”. En consecuencia, personal del H. Ayuntamiento ha realizado recorrido por diversas vialidades con el propósito de retirar objetos como conos, cubetas, toldos y demás objetos, el propietario de tales objetos se hace acreedor a una boleta de infracción para que acuda ante el juez cívico y las sanciones económicas varían entre 10 y 15 UMAs.
Sin duda que, hay que reconocer que tales acciones contribuyen a una mejor ciudad, garantizar el goce del espacio público, no sólo contribuye a eliminar motivos de conflicto entre ciudadanos, sino que, además garantiza un uso más eficiente de las vialidades. Se llevan muchos años considerando que la calle frente a nuestra casa o negocio es para nuestro uso exclusivo. Erradicar esta manera de pensar no será posible con operativos esporádicos, sino frecuentes y rutinarios.
Tal vez, una de las estrategias que den vialidad a este tipo de acciones, sería concentrar los esfuerzos en un sector de la ciudad o en dos o tres vialidades específicas, a fin de que la sociedad observe los beneficios derivados del respecto al espacio público. Claro está que, de forma simultánea, el gobierno municipal debe revisar los criterios a través de los cuales se han otorgado permisos para estacionamientos exclusivos en hoteles o restaurantes, así como el funcionamiento de los Valet Parking.
Más aún, considerando la importancia de la circulación peatonal, es preciso ampliar dicha estrategia hacia las aceras o banquetas, toda vez que, cada vez es más frecuente que diversos comercios obstruyan el área peatonal instalando sus mercancías, así como diversos talleres de reparaciones que hacen de lo público su taller o área de reparaciones, así como de restaurantes y cafeterías a los que, con permiso o no, se les permite extender su establecimiento sobre el espacio público, restringiendo su uso, sólo a sus consumidores. Transparentar dichos procesos legitimaría el actuar de la autoridad para garantizar el uso del espacio público para todos en beneficio de la calidad de vida de todos sus habitantes.
En suma, el reto central no sólo radica en retirar objetos o sancionar a quienes privatizan la calle, sino en transformar la conciencia colectiva sobre el sentido público de la ciudad. El espacio urbano no puede seguir siendo visto como una extensión de la propiedad privada, sino como el territorio común donde se construye la convivencia democrática. La calle, más que un lugar de paso o estacionamiento, es el escenario donde se ejerce el derecho a la ciudad; protegerla y compartirla es, en última instancia, una forma de civilidad y de respeto mutuo.
