El Derecho a la Ciudad
DEL BONO DEMOGRÁFICO AL ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL
Por Salvador García Espinosa.
Al conjunto de habitantes de un país, desde una perspectiva económica se le suele clasificar en cuatro grupos: niños, jóvenes, adultos y personas mayores. A los primeros y últimos, es decir, niños y adultos mayores (menores de 15 años y mayores de 65), se les considera como dependientes, debido a que no trabajan y, se considera que sus necesidades las solventan gracias a los ingresos del segmento productivo compuesto por jóvenes y adultos (entre 15 y 64 años).
Ahora bien, cuando la cantidad de personas ubicadas en el sector productivo (jóvenes y adultos) es mayor que la del sector dependiente (niños y adultos mayores) se considera que es una situación óptima, e incluso se le denomina “Bono demográfico”, porque representa una reducción del gasto en personas dependientes, y tiende a impulsar el crecimiento económico a través del incremento en el ingreso y la acumulación acelerada del capital.
Para ilustrar la magnitud de este cambio en México, basta señalar que, en 1970, de acuerdo con el censo, había 108 dependientes por cada 100 personas en edad productiva, es decir, que por cada trabajador dependía al menos una persona, mientras que para el 2020 la relación de dependencia disminuyó a 59 dependientes por cada 100 personas en edades productivas. En otras palabras, hoy en día cada persona que trabaja solo depende en un 50% el sustento de una persona dependiente.
A partir de 1960, y como consecuencia de la reducción en la tasa de natalidad, se puede apreciar cómo a partir de la generación que hoy tiene alrededor de 19 o 20 años, comenzó a reducirse la base de la pirámide, lo que significa que la proporción de niños disminuyó para dar paso a jóvenes y adultos. Esta población se ha incrementado significativamente, gracias a la incorporación de las mujeres a la vida productiva, debido a la disminución en el número de hijos por familia, al aumento de la esperanza de vida hoy en día las familias pueden destinar más recursos para cada hijo, lo cual se supone eleva la calidad en materia de salud y educación.
Sin embargo, los beneficios que en teoría produce el “Bono demográfico” no se presentan en automático, sino que es preciso instrumentar una serie de políticas públicas que permitan aprovechar la estructura poblacional, y traducirla en un aumento significativo de la productividad. Por ejemplo, el gobierno debería incentivar la inversión para mejorar la competitividad del país, y esto sólo es posible si se logran mayores niveles educativos, mejores sistemas de salud, mejores condiciones laborales, así como incentivos para generar un ahorro familiar o personal.
El incremento en el segmento poblacional de jóvenes y adultos representa una presión constante por la generación de empleos, al no generarse los empleos que demandan los jóvenes y que los adultos mayores -dada la necesidad económica- continúan laborando, no sólo se incentiva la emigración de cientos de miles de connacionales al vecino país del norte, sino que se pierden los beneficios esperados del “Bono demográfico”. En la actualidad es fácil observar cómo México cambió estos beneficios por remesas, pues hoy en día las remesas representan el principal ingreso del país, por encima de lo generado por el petróleo o el turismo, al cierre del 2021 las remesas representaron 51.585,7 millones de dólares, 27% más que lo correspondiente a 2020.
Lo grave no es solo que no estamos, como país, aprovechando el “Bono demográfico” para consolidar una estructura productiva que se traduzca en una mayor competitividad y, por lo tanto, en mejores ingresos para la población, que hagan posible la mejora en servicios e infraestructura social. Sino que ha comenzado una transformación poblacional que en pocos años nos enfrentará al envejecimiento poblacional.
En el año 2015 la edad promedio de la población era de 27.4 años, para el 2030 se espera que aumente a 33.1 años, y a 40.9 años en 2050. De forma paralela, la esperanza de vida al nacer variará de 76.7 años en 2015 a 79.4 años en 2030, y a 83.1 años en 2050. Basta pensar que las generaciones más numerosas que se han presentado son las nacidas entre 1960 y 1980, los primeros ingresaron al grupo de 60 años y más en 2020. Se prevé que, debido a este incremento, la población mexicana mayor a 60 años pase de alrededor de 12 millones en 2015 (10% de la población total) a 20 millones en 2030 (14.8% de la población nacional), y para el 2050 se estima que esta población de adultos mayores represente el 27.7% de la población; en otras palabras, se estima que en tres décadas uno de cada cuatro mexicanos tendrá más de 60 años de edad.
En México, el envejecimiento poblacional debe ser considerado un tema prioritario, para destinar los recursos necesarios a la prevención de las causas de mortalidad más frecuentemente asociadas con este tipo de población, como la diabetes mellitus (17.1%), infartos de corazón (16.9%), enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (5.7%), hipertensión arterial (4.7%), neumonía (3.3%) y otras causas (41.1%). Además, se requiere de la creación de hospitales geriátricos de alta especialidad, y no sólo de espacios en los que las personas de la tercera edad puedan pasar sus días.
Lo más importante es que, como sociedad y gobierno, entendamos que no es necesario llegar al momento en que la población de adultos mayores constituya un número significativo para comenzar a atenderla. Debemos comenzar con los niños y jóvenes de hoy, porque ellos serán los adultos mayores en 2050, cuidar su alimentación, fomentar su actividad física y, mejorar los servicios de salud, brindar una educación de calidad y, sobre todo, garantizar que nuestras ciudades ofrezcan calidad de vida.
