Distritos indígenas
Yurisha Andrade Morales*
Nuestra Constitución establece que cada diez años, una vez que el Instituto Nacional de Geografía y Estadística actualiza el censo general de población y vivienda, el Instituto Nacional Electoral debe revisar la geografía electoral para poner al día los límites de los distritos electorales, tanto en el ámbito federal como en el de las treinta y dos entidades federativas, buscando hacer realidad el principio de equidad en el voto y que el necesario equilibrio de la representación política no se altere por los constantes cambios en el número de habitantes que todos los días crece o disminuye en las diversas localidades del país.
Actualmente el INE trabaja en la actualización de la geografía electoral tomando como base los datos que en el primer trimestre de 2021 informó el INEGI sobre la población. Se trata de un ejercicio técnico apoyado por un comité de científicos especializados que asesoran el trabajo de las áreas competentes de la institución, con la observación permanente de partidos políticos y el acompañamiento de los institutos locales. Fue el pasado 30 de junio cuando el INE aprobó la nueva geografía electoral local de las primeras seis entidades federativas: Campeche, Coahuila, Colima, Chihuahua, Ciudad de México y Puebla, conservando el mismo número de distritos que ya tenían desde 2017 con un rango poblacional equilibrado.
A lo largo del procedimiento se realizaron consultas a los pueblos originarios para considerar sus opiniones en relación con la ubicación de su municipio en las demarcaciones finales de cada distrito electoral local, lo cual permitió que Campeche pasara de tres a trece distritos indígenas, Puebla de cuatro a siete, mientras que en los demás estados no se registraron cambios, por lo que Coahuila, Colima, Ciudad de México siguen sin distritos indígenas y Chihuahua conserva uno.
Sabemos que, en México la participación de los indígenas con mecanismos más eficaces enfrenta complicaciones estructurales como la marginación que padecen históricamente, así como la inaceptable inequidad social, de género y étnica, siendo más grave respecto de mujeres pertenecientes a estos grupos. En los múltiples casos en que la exclusión se ejerce en contra de mujeres, porque no se les permite el acceso a un cargo al interior de la comunidad, o que no se les permite votar, urge la intervención de organismos electorales y de muchas otras organizaciones e instancias de la sociedad, para combatir las causas que la generan e impulsar acciones que la eliminen.
No obstante, que el número de distritos reconocidos como indígenas aumente es una buena noticia para mejorar la calidad de su representación y para seguir construyendo acuerdos que impulsen el reconocimiento y respeto a las formas tradicionales de autogobierno, pero con avances que resulten tangibles en la participación política activa de mujeres indígenas.
La actualización periódica de la geografía electoral es fundamental, tanto para el buen desahogo de los procesos electorales como para la consolidación de nuestra democracia. Su objetivo consiste en distribuir equilibradamente a los ciudadanos con derecho a voto dentro de las demarcaciones distritales, para conseguir que la representación política se dé en condiciones similares en todo el país y para lograr que, en aquellas regiones con presencia mayoritaria de grupos, en este caso indígenas, quede integrada en los mismos distritos y no se divida y, esencialmente, para incrementar su presencia en los órganos congresionales.
En múltiples intervenciones, he reiterado mi convicción para construir una democracia cada vez más incluyente e igualitaria, por ello celebro que la distritación que continúa en el país modifique los distritos electorales para equilibrar la población comprendida en cada uno de ellos, pero también para reconocer la presencia de nuestros pueblos históricos. En breve podremos conocer cómo quedará la nueva geografía electoral de nuestra entidad federativa.
*Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán
@YurishaAndrade
