Ante el incremento de la violencia contra las mujeres en el país, es oportuno el Plan Emergente, en favor de este sector de la sociedad, puesto en marcha en Michoacán, así como el decreto firmado por el Gobernador Silvano Aureoles Conejo, para que las instituciones educativas en la entidad adopten contenidos de igualdad y de derechos humanos, bajo una perspectiva de género, en los distintos programas de estudio, afirmó el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura Local, Antonio Soto Sánchez.
El líder de la bancada perredista manifestó el respaldo de los legisladores del Sol Azteca a las acciones anunciadas y que son encaminadas a generar un entorno libre de violencia para las niñas y mujeres en el estado.
“Este Plan Emergente demuestra que en Michoacán se preocupa y ocupa en promover acciones integrales para combatir, desde todas las trincheras, la violencia”, afirmó el legislador.
Calificó, como positivo, que en el estado se realicen mayores acciones para fortalecer las políticas públicas, dirigidas a garantizar la seguridad de las mujeres, lo cual es un deber insoslayable de todas las autoridades en su conjunto.
“Es necesario que, desde la infancia, se trabaje para prevenir y combatir la violencia de género, con el objetivo de que, las instituciones académicas, también eduquen bajo la perspectiva de género”, sostuvo Antonio Soto.
Refirió que este esquema será vital para que, en las instituciones educativas, se refuercen los trabajos para combatir la violencia de género y también el bullying, el cual se ha convertido en un problema que debe ser atendido y atacado desde todas las trincheras.
Antonio Soto reconoció las acciones que en Michoacán se realizan en favor de las mujeres, así como las campañas puestas en marcha en favor de este sector de la población, pilar fundamental de nuestra sociedad y que requiere se les genere un entorno libre de violencia.
El legislador se sumó al llamado hecho, esta mañana, por el Gobierno del Estado, a través del titular del Poder Ejecutivo, para que todos los poderes, órdenes de gobierno y órganos autónomos y sociedad civil, unan esfuerzos para combatir y erradicar la violencia, a fin de lograr una sociedad igualitaria, incluyente y justa, apostando a generar un entorno libre de violencia para todas y todos.
