El Derecho a la Ciudad
DÍA CON DÍA MICHOACÁN SE INCENDIA
Salvador García Espinosa
Desde cualquier perspectiva resulta inconcebible que enfrentemos altas temperaturas ante la ausencia de lluvia, pero que de manera simultánea se estén realizando quemas en el entorno agrícola de las ciudades, además de predios baldíos en zonas urbanas, los efectos son inmediatos, un deterioro en la calidad del aire que respiramos, el olor a quemado que logra penetrar a todas las casas. Cada año se leen las mismas noticias sobre centenares de hectáreas consumidas por los incendios forestales, a los esfuerzos gubernamentales por combatirlos y sobre todo de las buenas intenciones del gobierno por sancionar y evitar el cambio de uso de suelo de forestal a, huertas de aguacate o, usos urbanos.
De acuerdo con información de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), Michoacán es la entidad con mayores incendios en la República Mexicana, seguida de Guerrero, Durango y Chiapas. Tan sólo durante el año pasado hubo casi un millón de hectáreas dañadas por incendios forestales. Se documentaron en Michoacán 726 conflagraciones que perjudicaron 21 mil 864 hectáreas; alrededor de 90 por ciento de las quemas fueron provocadas.
Lo sorprendente del caso es que en todos los medios y redes sociales circulan fotografías de los incendios, pues resultan por demás evidentes para todos. Por esta misma razón las interrogantes son muchas y de muy diversa índole: ¿Qué hacer? ¿Quiénes son responsables? ¿Por qué no hay culpables presos ante semejantes crímenes ambientales? ¿Cómo garantizar que los propietarios no saquen provecho para lograr un cambio de uso de suelo que les permita ahora el desarrollo de una huerta de aguacate? ¿Qué en verdad no se pueden evitar los incendios?
Las respuestas que se escuchan versan en torno a Es la temporada, se debe a descuidos, son intencionales para extender huertas de aguacate, se trata de una práctica común de la agricultura denominada de roza y quema, que a veces se sale de control… Todo es porque cancelaron los fideicomisos y entre los que atendía este tipo de emergencias o desastres. Lo cierto es que ante la magnitud de los incendios y el daño ambiental tan severo que causan, las explicaciones que se escuchan suenan más a justificaciones, pero todas en su conjunto, a la ciudadanía no nos sirven de nada. Los incendios continúan y eso es un hecho irrefutable.
Hay quienes argumentan un deslinde de responsabilidades debido a la competencia Federal, Estatal o Municipal, pero lo único que demuestran es que siguen actuando bajo la lógica de partidos políticos en el poder y no como gobernantes responsables de velar por el mayor bienestar de los habitantes.
Al parecer, el Poder Legislativo cumplió su parte al decretar leyes y reglamentos diversos en materia ambiental, que cuando se revisan, sorprende ver que se consideran infracciones a la Ley, cambiar el uso de suelo de los terrenos forestales, sin contar con la autorización correspondiente; realizar las quemas en terrenos agropecuarios en forma negligente que propicie la propagación del fuego a terrenos forestales vecinos y en terrenos temporalmente forestales; causar daño o deterioro grave a los ecosistemas forestales; negarse, sin causa justificada, a prevenir o combatir las plagas, enfermedades o incendios forestales que afecten la vegetación forestal, en desacato de mandato legítimo de autoridad; provocar incendios forestales. Quelas sanciones establecidas son muy diversas, van desde amonestaciones, multas e incluso en algunos casos se habla de 10 años de cárcel a quienes provoquen incendios. Pero como acontece en muchos otros casos, se trata de leyes imposibles de instrumentar; la evidencia más clara es que cada año son más los incendios, mayores las superficies de cambio de uso de suelo y rara vez se conoce de la detención de culpables, mucho menos que se les sancione.
Resulta incuestionable que las quemas proliferen en esta temporada, pero no me refiero a la temporada previa a la de lluvias, sino a la temporada de campañas políticas. Resulta ofensivo ver el derroche de recursos en campañas políticas, la cantidad de jóvenes que movilizan en cruceros y avenidas para hacer proselitismo, mientras los bosques se incendian y se escucha que no hay recursos para combatir el fuego.
Ante los problemas ambientales cada vez más extremos que estamos presenciando, la obligatoriedad que tienen los políticos y gobernantes es ejercer de forma transparente el gasto; sin duda, que debe resultar insuficiente para obtener el apoyo del voto. Debemos cuestionar sobre ¿Cuál es la prioridad de la agenda ambiental que se pretende impulsar?
Desde el año 2016 al 2023, el presupuesto para la CONAFOR, encargada directa de proteger los bosques, ha tenido múltiples recortes presupuestales y puede afirmarse que ha disminuido 35%, en 2018 fue de 4,146,045 millones de pesos, y en el 2023 fue de tan sólo 2,533,227 millones de pesos. En múltiples entrevistas, funcionarios gubernamentales involucrados han señalado que una parte de los recursos recortados se utilizaba en programas de empleo temporal, para pagar a personas de las comunidades rurales que realizan tareas propias de prevención, como las brechas corta fuegos, quemas controladas, limpieza y retiro de material seco, entre otras actividades sobre las que hoy ha quedado de manifiesto su imperiosa necesidad; actividades todas éstas, que se han reducido por falta de recurso.
Ante los impactos del cambio climático, se requieren acciones contundentes y urgentes para garantizar la conservación de los bosques, así como incrementar la cantidad de árboles, sobre todo en áreas urbanas. Las consecuencias del deterioro ambiental las estamos sufriendo, no se trata de pensar en el futuro, se trata de actuar en el presente, se trata de reordenar nuestras prioridades y exigir a los gobiernos que así lo hagan por el beneficio nuestro y de las próximas generaciones.
