Descentralización fallida, una oportunidad. El análisis del Dr. Salvador García Espinosa, hoy en “El Derecho a la Ciudad”

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El Derecho a la Ciudad

Descentralización fallida, una oportunidad

Salvador García Espinosa

Para nadie es desconocido que cada sexenio se modifica el “proyecto de país”; con esto nos referimos a las políticas y obras que se pretende constituyan el sello gubernamental de la época; en otras palabras, aquellas obras o acciones con las que los presidentes desean ser recordados.

Desde los momentos de campaña, el actual presidente de México anunció la intensión de reubicar las secretarías de Estado fuera de la zona Metropolitana de la Ciudad de México, bajo el argumento de “Promover el desarrollo en todo el territorio nacional y a fin de estar en mejores condiciones de enfrentar el reto de la vulnerabilidad de México ante sismos y problemas de abasto de agua y otros servicios, se descentralizará el gobierno federal”.

En consecuencia, a partir del 1 de diciembre, tras tomar posesión, se dieron a conocer 100 compromisos, y en el número 54 planteaba mover las secretarías del gobierno federal a los estados. Así, la Secretaría de Bienestar estaría en Oaxaca, Oaxaca;
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Mérida, Yuc.; la Secretaría de Energía en Villahermosa, Tab.; la Secretaría de Economía en Monterrey, Nuevo León; la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en Ciudad Obregón, Son.; la Secretaría de Comunicaciones en San Luis Potosí, SLP; la Secretaría de la Función Pública en Querétaro, Qro.; la Secretaría de Educación Pública en Puebla, Puebla; la Secretaría de Salud en Acapulco, Gro.; la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en León, Gto.; la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en Pachuca, Hidalgo; la Secretaría de Cultura en Tlaxcala, Tlax.; la Secretaría de Turismo en Chetumal, Quintana Roo y, obviamente, el Instituto Mexicano del seguro Social (IMSS) en Morelia, Michoacán.

Sobra decir que la mencionada estrategia despertó toda clase de especulaciones en muchas de las entidades federales y Michoacán no fue la excepción, pues se pensaba no sólo en los posibles impactos positivos. Se habló de que el inicio del traslado de las oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social generaría para Michoacán una derrama económica superior a los 6,000 millones de pesos. Se le llegó a comparar en materia de generación de empleos con la instalación de la Siderúrgica en Lázaro Cárdenas.

Se sabe que, en este país, la voluntad del Ejecutivo se hace realidad, tal y como lo hemos visto con el tren maya, la refinería de dos bocas y otros proyectos de interés del gobierno federal. Los pronósticos eran que, durante el primer año de traslado, en que 40% del personal de los 10,500 funcionarios del IMSS que deberían trasladarse a la capital michoacana, se contemplan 2,500 millones de pesos en derrama económica por concepto de vivienda, comercio, educación e impuestos locales.

El H. Congreso del Estado actuó en consecuencia y el 27 de mayo del 2022 acordó desincorporar del régimen de dominio público del Patrimonio Estatal, el bien inmueble que hasta hace algunos años albergaba el Centro de Readaptación Social de Morelia (Cereso) “Francisco J. Mújica”, con superficie de 41 mil 182 metros cuadrados, para que ahí se edificaran las oficinas del IMSS. Incluso se habló de la construcción de un edificio de 14 pisos que alojaría a más de 10 mil trabajadores.

En noviembre del año pasado, del traslado de las oficinas centrales del IMSS a Michoacán, únicamente se habían concretado dos direcciones con un estimado de 80 empleados.  Hoy estamos a poco más de 4 meses de que concluya la administración federal y lo más probable es que, con el inicio de un nuevo sexenio, los proyectos y las prioridades cambien.

Sin dudas, los beneficios económicos y sociales hubieran propiciado un impacto positivo en Michoacán, y particularmente en Morelia. Lamentablemente todo indica que el asunto quedará en uno más de esos proyectos iniciados y prometidos. Por fortuna, el artículo quinto transitorio del Decreto señala que “…Si en el término improrrogable de tres años, contados a partir de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, el inmueble materia del presente Decreto no ha sido destinado para el desarrollo del Centro Administrativo del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS, el mismo volverá a ser parte del Patrimonio Estatal”.

Este plazo sería el 27 de mayo del 2025, así que se tiene un año para pensar en qué hacer con ese predio que antes ocupó el Centro de Readaptación Social. Un año para convencernos de que Morelia requiere un parque, que en el entorno del predio existen amplias zonas habitacionales cuyos habitantes demandan espacios de esparcimiento. Imaginemos lo que representaría para Morelia incorporar 41 mil metros de áreas verdes y arboladas.