Democracia inclusiva y acciones afirmativas
Yurisha Andrade Morales*
El respeto a los derechos de las personas es un principio que el Estado mexicano está obligado a garantizar y un propósito a cuyo cumplimiento todos debemos contribuir. En esa ruta, diseñar e implementar políticas públicas y acciones gubernamentales que permitan construir una sociedad sin discriminación ni violencia puede lograrse por la vía de acciones afirmativas en concordancia con el principio de progresividad de los derechos humanos, sobre todo, en el caso de personas que integran grupos en condiciones de vulnerabilidad.
Así, uno de los aciertos más importantes del proceso electoral 2020-2021 todavía en curso, radica en impulsar la representación política de personas de grupos marginados. Ello fue posible a que el INE dispuso un conjunto de lineamientos para el registro de las candidaturas que los institutos políticos deberían cumplir en el ámbito federal y que sirvieron de referente a los organismos electorales locales, con el fin de salvaguardar el derecho de estos grupos.
Dichas disposiciones cristalizaron en acciones afirmativas puntuales, también llamadas acciones de discriminación positiva que, en términos generales, se definen como políticas públicas de carácter temporal que tienen el objetivo de compensar las condiciones que discriminan a ciertos grupos sociales del ejercicio de sus derechos.
En relación con las personas con discapacidad, si bien algunos actores políticos implementaron estrategias para tergiversar estas figuras y postular como candidatos a personas que no cumplían con estas características, según denuncias de distintas organizaciones de observadores, los resultados obtenidos fueron mejores en comparación con los del proceso 2017-2018.
En aquellas elecciones se postularon 61 personas con discapacidad para los más de 18 mil cargos a elegir. De estas candidaturas solo 2 obtuvieron el triunfo: 1 diputación federal y 1 senaduría. Ahora, en las elecciones 2021, de las 442 candidaturas a diputaciones federales asociadas con las acciones afirmativas, 78 correspondieron a personas con discapacidad, logrando el triunfo 3 de ellas por el principio de mayoría relativa y, probablemente, 5 resulten asignadas por el de representación proporcional.
En el ámbito de las entidades federativas, todavía con una información preliminar, los organismos electorales locales de 26 entidades federativas informan que en los registros de las diversas candidaturas cuya procedencia les correspondió determinar, se arribó a 4 mil 325 que corresponden a las acciones afirmativas que buscan una sociedad mejor representada. De este universo, 71 corresponden a adultos mayores, 29 a personas afromexicanas, 6 a migrantes, 197 a diversas modalidades de discapacidad, 156 a diversidad sexual, 1 mil 391 a grupos indígenas, 41 a indígenas jóvenes, 2 mil 418 a jóvenes en general y 16 a jóvenes de diversidad sexual.
Michoacán, por su parte, registró 12 candidaturas con discapacidades distintas, 32 de diversidad sexual, 15 de grupos indígenas, 5 de indígenas jóvenes, 159 de jóvenes en general y 4 de jóvenes de diversidad sexual, para un total estatal de 227.
Si bien falta consolidar estos datos, las cifras son alentadoras e indican un crecimiento paulatino para lograr una mejor representación de los diversos segmentos y grupos de la sociedad. Veremos, cuando concluya la etapa impugnativa del proceso electoral, cuántos cargos públicos serán ocupados por personas que provienen de los grupos en condición de vulnerabilidad.
Los logros que se alcancen con las elecciones del pasado 6 de junio indicarán que se va ganando terreno en materia de inclusión, pero aún queda un camino largo por recorrer. La atención de los retos más grandes pasa, de nuevo, por crear o perfeccionar mecanismos y estrategias para consolidar el empoderamiento ciudadano de las personas con discapacidad que, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en México hay 6 millones 179 mil 890 personas con algún tipo de discapacidad, es decir, el 4.9% de la población total.
Es mi convicción que debemos incrementar su participación en los cargos de elección popular, a fin de que tengan mayor representatividad en la toma de decisiones, sobre todo, en cuanto a la atención especializada e inclusión educativa, laboral, recreativa y política. Así como en favorecer su organización sistemática en el espacio público, la promoción y vigilancia de sus derechos y liderazgo político.
Otro pendiente en esta materia consiste en generar mejores normas, procedimientos y criterios para hacer efectivas las sanciones por violencia política que se presente por motivos relacionados con la discapacidad y, de igual manera, con establecer en la legislación electoral, la obligación de los institutos políticos para destinar una parte de su financiamiento a programas de promoción y capacitación dirigidos a militantes, simpatizantes y público en general que integren este sector de la población.
Estas medidas, unidas a aquellas otras promovidas por las organizaciones de la sociedad civil, podrán contribuir a ampliar causes de acción para solidificar nuestra democracia con un sello incluyente. Es una exigencia para todos, especialmente para las instituciones del Estado y funcionarios públicos, comprometernos con estas causas.
*Magistrada Presidenta del Tribunal
Electoral del Estado de Michoacán
@YurishaAndrade
