El sarampión es una enfermedad viral aguda, grave y altamente contagiosa que México logró erradicar como epidemia autóctona en 1995. Desde entonces, los casos registrados eran importados y controlados. Sin embargo, el incremento reciente de contagios y defunciones vuelve a encender las alertas sanitarias y obliga a una pregunta inevitable: ¿estamos ante una falla estructural en el sistema de prevención?
México tiene una larga tradición en vacunación. Desde 1804, con la expedición encabezada por el doctor Francisco Xavier de Balmis y la introducción de la vacuna contra la viruela, el país sentó precedentes en inmunización. En 1868, Ángel Gaviño Iglesias impulsó la producción nacional de la vacuna antivariolosa, y en 1912 se estableció en Mérida el primer laboratorio para su fabricación.
El punto de inflexión llegó en 1973 con la creación del Programa Nacional de Vacunación, incluso un año antes de que la Organización Mundial de la Salud lanzara el Programa Ampliado de Inmunizaciones. La campaña incluyó biológicos esenciales como BCG, antipoliomielítica, DPT y antisarampión. Durante décadas, México fue considerado referente internacional en cobertura, según Santos JI. El Programa Nacional de Vacunación: orgullo de México. Rev Fac Med UNAM 2002;45:142-153
Sin embargo, la historia también muestra retrocesos. En 1990 se registró un brote que afectó a 68,782 personas y provocó 5,899 defunciones, evidenciando brechas en la cobertura. La respuesta institucional fortaleció las campañas y permitió alcanzar nuevamente niveles óptimos de inmunización.
Hoy, con 9,351 casos confirmados y 26 defunciones, el país enfrenta un escenario preocupante. Más allá de la confrontación política, el dato central es claro: el sarampión es prevenible con vacunación. Cuando reaparece, revela fallas en cobertura, logística, abastecimiento o confianza pública.
En medio del repunte de casos, el debate público ha derivado en intercambio de acusaciones. El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Alejandro Moreno, señaló en un video difundido en la red social X que el actual gobierno ha incurrido en “desabasto criminal” de vacunas en hospitales y centros de salud, y sostuvo que esa situación no ocurría durante administraciones priistas.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum acusó a la oposición de utilizar el tema sanitario para desinformar y desacreditar a su gobierno. Durante la conferencia matutina del 16 de febrero —conocida como “La Mañanera”— fue también cuestionada sobre el asilo otorgado por Reino Unido a Karime Macías, esposa del exgobernador de Veracruz Javier Duarte, ambos señalados por el presunto desvío de recursos públicos destinados, entre otros rubros, al sistema de salud estatal. La mandataria respondió que no han sido notificados formalmente, pero que su gobierno reaccionará ante dicha decisión.
Sin embargo, más allá del cruce de declaraciones, el dato epidemiológico permanece. El sarampión no reaparece por discursos, sino por brechas en la cobertura de vacunación, fallas en la logística o debilitamiento institucional. Cuando una enfermedad prevenible regresa, la discusión no debería centrarse únicamente en quién tiene la culpa, sino en por qué el sistema permitió que eso ocurriera.
Las enfermedades infecciosas no distinguen ideologías ni calendarios electorales. La experiencia de crisis anteriores —como la influenza de 2009 o el COVID-19 en 2020— demostró que los sistemas de salud se ponen a prueba cuando la prevención se debilita.
El sarampión no debería ser una sorpresa epidemiológica en 2026. Su reaparición no es solo un problema sanitario, sino un indicador del estado real de nuestro sistema de prevención. Más que buscar culpables, el desafío consiste en recuperar la fortaleza técnica, logística y social de un programa de vacunación que alguna vez fue orgullo nacional.
La lección histórica es contundente: cuando la cobertura disminuye, el virus regresa. Y cuando la prevención falla, el costo se mide en vidas.
María Teresa Jaramillo Ríos, maestra en Derecho con terminal en Ciencias Políticas y candidata a doctora en Ciencias políticas en el área de Ciencias de la Comunicación por la UNAM
