Morelia, Michoacán, 13 de enero de 2020. La Comisión de Administración del Consejo del Poder Judicial de Michoacán que se encarga de controlar, dirigir y vigilar las funciones de administración y finanzas, llevó a cabo la primera sesión ordinaria de 2020 con la finalidad de continuar ejerciendo de manera responsable y eficiente los recursos públicos asignados.
La Comisión – que también gestiona la estadística administrativa, recursos humanos, así como adquisición de bienes y servicios, entre otros- está encabezada por el presidente del Consejo Héctor Octavio Morales Juárez e integrada por dos consejeros designados por el mismo órgano administrativo, además del secretario de administración, quien auxilia en todos los asuntos que le competen.
Este órgano cuenta con un reglamento, cuyos artículos 6 y 7 instauran que los acuerdos se toman por mayoría de votos de sus integrantes, quienes no pueden abstenerse de hacerlo salvo impedimento legal. Las sesiones pueden llevarse a cabo con un mínimo de dos asistentes, y si uno o más se abstienen de votar, el asunto se tratará en el pleno del Consejo para su resolución.
Para una adecuada toma de decisiones sobre el gasto, las propuestas se revisan con base en las tres directrices asentadas en el Acuerdo de Austeridad y Disciplina del Ejercicio del Gasto Público vigente desde junio de 2016: de servicios personales, de recursos materiales y servicios generales, así como de viáticos y otros; las cuales han logrado mejorar los mecanismos, optimizando el aprovechamiento de los recursos humanos y económicos, pues determinan adecuaciones y estrategias tanto financieras como operativas.
Ejemplo de ello, es toda la adquisición de bienes muebles, equipo informático, materiales de oficina, limpieza e higiene, así como bienes de consumo que son autorizados exclusivamente por la Comisión de Administración, previo análisis y justificación. Éstas se desarrollan de manera consolidada a través de actos licitatorios públicos que aseguran las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, oportunidad, garantía y demás circunstancias pertinentes.
Para un adecuado uso del recurso, el acuerdo de austeridad que rige actualmente al Poder Judicial de Michoacán prohíbe cualquier gasto suntuoso, innecesario, superfluo o que no se encuentre aprobado en el presupuesto anual.
