Con 411 votos a favor, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, en materia de educación inclusiva y humanista a pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas, migrantes y jornaleros agrícolas.
El documento, enviado al Senado, establece la obligación del Estado de garantizar el derecho de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, migrantes y jornaleros agrícolas a recibir educación inclusiva, humanista, equitativa, en igualdad de oportunidades, con la garantía de pertinencia y de no discriminación.
Promoverá que la educación indígena contribuya a la generación del conocimiento, aprendizaje, reconocimiento, valoración, preservación y desarrollo de la tradición oral y escrita indígena, y de las lenguas indígenas nacionales como medios de comunicación, de enseñanza, objeto y fuente de conocimiento.
El Estado garantizará y promoverá el uso de las lenguas indígenas en el sistema de educación indígena, intercultural y plurilingüe. Nunca podrá justificarse la eliminación de esta garantía por motivo del bajo número de hablantes.
Subraya que el Estado está obligado a documentar, investigar y difundir la tradición oral, escrita y los conocimientos ancestrales de cada comunidad indígena y afromexicana. En el cumplimiento de dicho deber, la comunidad participará y tendrá un papel central en la identificación de dichas tradiciones orales, escritas y de conocimientos ancestrales. Estas tradiciones no deberán estar limitadas a una lengua indígena.
Refiere que las autoridades educativas consultarán de manera previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, de acuerdo con las disposiciones legales nacionales e internacionales vigentes en la materia, cada vez que se adopten medidas susceptibles de afectar a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, en materia educativa, respetando su autodeterminación en los términos del artículo 20 de la Constitución Política.
Menciona que en municipios o demarcaciones territoriales con población indígena y/o afromexicana, las autoridades educativas procurarán que en las escuelas públicas de educación básica y media superior se garantice su representación en los consejos de participación escolar.
En las escuelas públicas de educación básica y media superior que se ubiquen en municipios o demarcaciones territoriales con población indígena y/o afromexicana, se deberá procurar la representación de los hablantes de lengua indígena o de personas afromexicanas.
Día histórico para la pluriculturalidad
En la fundamentación, la presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, diputada Irma Juan Carlos (Morena), señaló que es un día histórico para la pluriculturalidad, al reconocer la obligación del Estado de prestar servicios educativos que deberán ser plurilingües e interculturales en los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, con respeto a las culturas y tradiciones de los pueblos.
Se garantiza, dijo, el derecho de los pueblos y comunidades migrantes y jornaleros agrícolas a recibir una educación inclusiva, humanistas y equitativa, en igualdad de oportunidades, con pertinencia y no discriminación.
Además, permitirá el desarrollo de programas educativos que reconozcan y valoren la herencia cultural de los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas, elaborando materiales educativos en las 68 lenguas indígenas del país, creando mecanismos, estrategias y programas para incentivar el enfoque intercultural y plurilingüe.
Mencionó que se fortalecerán las instituciones públicas de formación docente bilingüe e interculturales tomando en consideración los conocimientos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en la elaboración de los planes y programas.
Reivindica derechos
Por la Comisión de Educación, la diputada Flora Tania Cruz Santos (Morena), resaltó que el dictamen es producto de la pluralidad, por lo que la visión de los pueblos originarios estará presente en la Ley de manera inequívoca, ya que recoge la expresión de la comunidad educativa.
Indicó que cumplimenta un mandato del Poder Judicial, pero también una obligación ética de la Cámara de Diputados, “toda vez que reivindica los derechos de quienes integran los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas”.
Recordó que el resultado de las consultas no podía ser otra más que el consenso, lo cual ha sido construido sobre la base del respeto a la libre determinación, inclusión y revalorización de la diversidad cultural de la nación.
“Votemos a favor de la propuesta, a favor del respeto a nuestra identidad y composición pluricultural. Por el bien de todos: educación primero a la niñez y juventudes indígenas y afromexicanas del país”, añadió.
