Acciones afirmativas y democracia. El análisis de la Dra. Yurisha Andrade Morales

817

Acciones afirmativas y democracia

Yurisha Andrade Morales*

Más allá de la definición formal de la democracia que alude a “un conjunto de reglas que establecen quien está autorizado para tomar las decisiones colectivas y bajo qué procedimientos” (Bobbio, 2003: 24), debe entenderse como un sólido andamiaje institucional construido para garantizar la igualdad entre todos los miembros de la sociedad, quienes deben gozar de los mismos derechos y tener garantías eficaces para ejercerlos.

Vista así, la democracia se refiere a un sistema de derechos que busca condiciones de igualdad para todos en cuanto al reconocimiento de sus derechos y oportunidades para su desarrollo. Múltiples instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, son ejemplo de los esfuerzos realizados para homogeneizar la defensa de los derechos humanos en el planeta. 

En diversos artículos he sostenido que la reforma constitucional de 2011 marcó un hito en nuestro desarrollo democrático a favor de los derechos humanos, pues colocó a la persona como el fin de todas las acciones del Estado y de los gobiernos e incorporó en nuestra Constitución los principales postulados de los instrumentos internacionales citados, además de establecer la obligación de las autoridades para que, ante dos normas distintas, apliquen aquella que más favorezca a la persona. 

Si observamos con atención, el espíritu que subyace en este marco legal es la igualdad como pieza clave que articula los derechos humanos con la democracia. Sin ella, no hay posibilidad de afianzar sus demás componentes, dado que es una condición fundamental para el ejercicio de la ciudadanía y, en consecuencia, su defensa pasa por garantizar un piso parejo para todas las personas. 

Conforme a esta línea argumentativa, las acciones afirmativas en materia electoral juegan un papel determinante para ensanchar los cauces de nuestra democracia. Fue así como en las elecciones de 2021 se establecieron criterios relevantes para lograr la representación política de las personas en situación de discriminación y vulnerabilidad, como el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, la prueba piloto para el sufragio de personas en prisión preventiva, el voto electrónico para mexicanos residentes en el extranjero, la figura del diputado federal migrante, los lineamientos para el registro de candidaturas a diputaciones federales indígenas y reglas para incluir a personas de la diversidad sexual y con distintas discapacidades.

La representación política de estos sectores de la población ya se ha asentado en la discusión pública, pero debemos seguir avanzando en un proyecto democrático cada vez más incluyente. Frente a las amenazas de grupos caracterizados por evidentes posiciones clasistas y racistas, cuyas ideologías desestiman los derechos de las minorías y rechazan a sectores que son expresiones de la pluralidad social, es fundamental avanzar en una reforma político-electoral que consolide los avances conseguidos e impida su retroceso.

Las acciones afirmativas, entendidas como políticas públicas de carácter temporal, que persiguen el objetivo de compensar y corregir las condiciones que relegan a ciertos grupos sociales del ejercicio de sus derechos, deben incrementarse en aras de lograr la igualdad sustantiva. No se trata de concesiones o favores del Estado, de un gobierno o de un partido, sino de reconocer la eficacia que esta vía ha tenido para generar garantías en favor de grupos que históricamente han sido objeto de discriminación.

Los retos más grandes en el acceso a la representación política de sectores vulnerables, pasan por crear mecanismos y estrategias para consolidar el empoderamiento ciudadano de personas pertenecientes a estos grupos. Esto significa incrementar su participación política en los cargos de elección popular, a fin de que tengan mayor peso en la toma de decisiones y que impulsen políticas públicas con un enfoque centrado en los derechos humanos y la inclusión.

Creo en la necesidad de favorecer la organización sistemática de estos grupos en el espacio público, así como en la urgencia de impulsar la celebración de convenios interinstitucionales entre autoridades electorales en materia de promoción y vigilancia de derechos y liderazgo político de personas que pertenecen a grupos discriminados; así como en hacer efectivas, por ejemplo, las sanciones por violencia política debida a motivos relacionados con la discapacidad o el origen étnico de las personas. 

La legislación debe regular la obligación de los partidos políticos para destinar una parte de su financiamiento público a programas de promoción y capacitación dirigidos a militantes, simpatizantes y población en general sobre los derechos políticos de todos estos grupos, sectores o personas. Estas medidas, en consonancia con las que promueven organizaciones de la sociedad civil, podrán contribuir a ampliar cauces de acción para fortalecer nuestra democracia con un sello incluyente. Solo así podremos avanzar con un carácter progresivo de nuestros derechos.

*Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán

@YurishaAndrade