El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que el Poder Judicial necesita una renovación urgente que limpie los excesos y la corrupción; la mejor forma, dijo, es incorporarlo a la vida democrática, al igual que el Legislativo y el Ejecutivo, para que la ciudadanía elija en las urnas a jueces, magistrados y ministros.
“Yo no veo más que una renovación tajante que se lleve a cabo de manera democrática, que sea el pueblo de México el que resuelva sobre esto en las urnas, que sea el pueblo el que decida”, planteó.
En conferencia de prensa matutina, el mandatario afirmó que, además de trabajar en beneficio del pueblo, las y los servidores públicos deben ser honestos, íntegros e incorruptibles.
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Recomendó cuestionar posturas y proyectos de las próximas candidatas y candidatos a diputados y senadores en las elecciones de 2024. Sostuvo que la reforma al Poder Judicial pueden ser una propuesta importante porque se trata de un tema trascendental en la vida pública del país.
El presidente recordó que una reforma constitucional requiere mayoría calificada para su aprobación en el Congreso de la Unión, es decir, dos terceras partes, por lo que es necesario reflexionar el voto de legisladoras y legisladores.
Descartó enviar una iniciativa para separar de su cargo a sus ministros a través de la figura de jubilación inmediata, como lo hizo el expresidente Ernesto Zedillo entre diciembre de 1994 y enero de 1995.
Reiteró que el reciente Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2024, presentado por la ministra presidenta del Poder Judicial de la Federación, Norma Lucía Piña Hernández, es excesivo para el erario público.
El jefe del Ejecutivo aclaró que un financiamiento austero alcanzaría para sus funciones básicas y sueldos conforme a lo estipulado en la Constitución.
“Ojalá y ellos recapacitaran y no se trata de que no tengan para el cumplimiento de sus funciones, incluso que tengan sus sueldos y lo que requieren, pero no en exceso”, remarcó.
El presidente López Obrador indicó que la Cámara de Diputados es la única facultada en la reestructuración del presupuesto del Poder Judicial, por lo que sólo esa instancia, y no el Ejecutivo, decidirá al respecto.
