#VIDEO | Debate legislativo en México sobre la prohibición de los vientres de alquiler

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En una iniciativa sin precedentes, los senadores se unieron a los activistas para lanzar el primer Parlamento de Maternidad, Infancia y Enfermería, centrándose en las propuestas de las mujeres para fortalecer el derecho consuetudinario, crear un sistema de atención pública y relanzar reformas para disuadir y castigar la subrogación.

El evento destacó varias iniciativas pendientes encaminadas a garantizar los derechos de las mujeres y los niños en México. El senador José Naro Céspedes desde la sede de Morena expresó una fuerte postura en contra de la gestación subrogada como una forma de trata de mujeres. Afirmó la necesidad de legislar sobre el tema y tomar medidas para evitar los intentos de feminicidio por la custodia de los niños.

México actualmente carece de leyes federales que regulen la subrogación, por lo que algunos estados, incluidos Sinaloa, Querétaro, Coahuila y San Luis Potosí, han prohibido la práctica. En tanto, los estados de Tabasco y Sinaloa restringen operaciones a ciudadanos mexicanos, mientras que el resto del país no cuenta con una legislación clara al respecto. Las ofertas de gestación subrogada en México se pueden encontrar entre 20.000 y 200.000 pesos, según anuncios en línea.

Estas publicaciones provienen tanto de mujeres que brindan servicios como de firmas de abogados y clínicas que brindan dichos servicios. La falta de una regulación adecuada ha provocado el surgimiento de un mercado negro de gestación subrogada, especialmente para parejas extranjeras que vienen al país a buscar soluciones para concebir hijos.

En 2021, el tribunal supremo de la nación dictaminó que los estados deben regular la subrogación, especialmente en términos económicos; de lo contrario, se permitiría a las partes involucradas tomar las decisiones que estimen conveniente. Ante esta situación, se convocó al primer Congreso de Madres e Hijos, con el objetivo de solucionar este problema y aprobar una legislación clara y justa que garantice los derechos y la protección de todas las partes involucradas.