Sin justicia electoral no hay democracia
Yurisha Andrade Morales*
Por justicia electoral entendemos el conjunto de medios y mecanismos diseñados en los modernos sistemas democráticos orientados a garantizar que cada actividad, acuerdo o resolución que se emite en el marco de un proceso electoral se apegue al orden constitucional y a las leyes, con el objetivo de proteger o reparar los derechos político electorales de las y los ciudadanos, así como de los actores políticos. Este concepto va más allá de la aplicación del derecho y sus características específicas se relacionan con la idiosincrasia, valores, cultura y desarrollo de cada país.
Con independencia de los matices que tenga en cada Estado, el modelo de justicia electoral debe contener elementos que garanticen credibilidad, autenticidad y legitimidad de elecciones libres, justas y periódicas; además de que debe generarse en la ciudadanía la percepción de que el modelo funciona con eficacia, transparencia, independencia e imparcialidad.
En México hemos diseñado un sistema electoral que separa las tareas administrativas y jurisdiccionales y las encarga a instituciones especializadas que desarrollan procedimientos técnicos descritos en la ley. Así, el INE y los órganos electorales de las entidades federativas tienen encomendada la preparación, organización y vigilancia de las elecciones, mientras que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los tribunales estatales electorales tienen a su cargo el control de la legalidad de los procesos comiciales y la resolución de las controversias que en la materia se presenten.
Nuestro modelo de justicia electoral es eminentemente jurídico, pues tiene como propósito garantizar que la actuación de las autoridades administrativas y el comportamiento de los actores políticos y ciudadanos se sujete al principio de legalidad y que cualquier transgresión a la normativa electoral se corrija con todas las formalidades jurídicas necesarias y no por la vía de arreglos políticos entre las partes. Es un modelo abierto y transparente, siempre accesible a todas las personas, candidatos y partidos que lo requieran.
Los tribunales electorales del país debemos trabajar en estrecha coordinación con los organismos administrativos con plena salvaguarda de las atribuciones que a cada cual corresponde, sin olvidar el rol que nos compete para fortalecer a nuestra democracia y que nuestro origen y esencia está concernido con garantías de protección a los derechos humanos en su vertiente electoral.
Conforme al mandato constitucional que nos rige, somos garantes del principio de división de poderes que nos obliga actuar con autonomía e independencia, pero procurando líneas de coordinación con todas las instituciones gubernamentales y las organizaciones de la sociedad. La democracia no depende de alguien en lo particular, es una tarea colectiva de responsabilidades compartidas. Como integrantes de tribunales que tienen a su cargo la delicada función de administrar la justicia electoral debemos emitir cada sentencia con apego irrestricto a la ley, sin distingos y con probada imparcialidad.
Las magistradas y magistrados electorales también tenemos un compromiso con la sociedad para informarle sobre los mecanismos e instrumentos de la justicia electoral y facilitar su acceso cuando lo requieran. Nuestra misión está en hacer efectiva la libertad y la posibilidad de construir una sociedad cada vez más justa e igualitaria que no permita continuar invisibilizando a grupos tradicionalmente marginados y en evidente desventaja.
Como integrantes de los órganos plenarios, igual debemos procurar un trabajo colectivo y horizontal, en igualdad de condiciones, respetuoso del rol y de las atribuciones de cada quien; actuar con educación e institucionalidad y con apego irrestricto a los principios rectores de la función electoral. Predicar internamente con el ejemplo es la mejor garantía de eficacia en las actividades que nos corresponden. Si no hay democracia y respeto interno no podrá haber un arbitraje certero e imparcial de las elecciones. Si no hay un trabajo grupal libre de violencia, con intercambio de posturas, de interpretaciones con las herramientas de la ley y de la argumentación jurídica, el resultado nunca será óptimo.
Apegarnos a un marco ético con plena conciencia del rol que cumplimos dentro de nuestras instituciones, es la mejor garantía de eficacia para hacer que la justicia electoral a nuestro cargo sea un aporte esencial para el fortalecimiento de la democracia en Michoacán y en todo el país. Mi convicción es que sin justicia electoral no hay democracia.
*Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán
@YurishaAndrade
