Representación indígena en la Cámara de Diputados. El tema de la Magistrada, Yurisha Andrade Morales

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Representación indígena en la Cámara de Diputados

Yurisha Andrade Morales*

Múltiples acciones tomadas en los últimos años en diversos países de América Latina se orientan a impulsar la consolidación de las democracias de la región. Entre ellas cobra especial importancia el establecimiento de mecanismos que buscan fortalecer la participación de la población indígena en los órganos legislativos y si bien se registran avances significativos es un hecho que todavía existen rezagos y divergencias entre los actores políticos para acordar las vías que disminuyan o eliminen la subrepresentación de este importante segmento de la población.

México no es la excepción y en esa ruta el pasado 7 de diciembre se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los criterios emitidos por el INE que deben observar los partidos políticos y coaliciones, para el registro de candidaturas a diputaciones federales por los principios de mayoría relativa y representación proporcional en el Proceso Electoral 2020-2021, entre los que destacan algunas normas que implican mejores condiciones que por la vía de acciones afirmativas buscan ampliar la representación actual de los grupos indígenas en la Cámara de los Diputados.

Acciones afirmativas, según el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, son medidas de carácter temporal diseñadas e implementadas para que sectores y grupos excluidos puedan integrarse sistemáticamente a procesos, estructuras e instituciones más amplias, a fin de corregir la desigualdad histórica de los miembros de dichos grupos en el acceso a espacios o beneficios de la vida social con el objeto de alcanzar la igualdad sustantiva.

A través de este mecanismo la autoridad electoral busca disminuir la subrepresentación de este sector de la población en los espacios de toma de decisión política. Si revisamos los datos que se tienen desde el 2006, se observa que existe una baja representación histórica de los pueblos indígenas en la Cámara de Diputados. Incluso las cifras correspondientes a la LXIV Legislatura 2018-2021, muestran que de la totalidad de curules disponibles, solamente el 2.6% son ocupadas por personas que corresponden a grupos indígenas, únicamente 13 curules de las 500 que hay.

A pesar que desde el 2001 la Constitución estipula que México es un país pluricultural, fue hasta la reforma del 2015 cuando se reconoció y garantizó el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, da cierta autonomía en lo referente a su organización política interna. Pero en lo referente a su participación en la cámara baja si se toma en cuenta que alrededor del 21% de la población mexicana se reconoce como indígena, aproximadamente 26 millones de personas, concentrándose el 75% de ellas en los Estados de México, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Chiapas, Yucatán, Michoacán, Guerrero e Hidalgo, su participación en la Cámara de Diputados aún incipiente. 

Por ello y con la finalidad de aumentar la representación indígena, en 2005 durante la redistritación realizada por el entonces IFE se identificaron 28 distritos indígenas, lo cual permitió que en las elecciones del 2006 accedieran a una diputación federal 14 personas indígenas, apenas en un 50% de los 28 distritos indígenas, pero en las subsecuentes elecciones de 2009, 2012 y 2015 se registra un retroceso en la materia, ya que solo se cubrieron 10, 7 y 6 curules, respectivamente, de representación indígena.

En el proceso electoral federal 2017-2018 se dio un hecho significativo: el Instituto Nacional Electoral obligó a los partidos a postular, paritariamente, fórmulas integradas por personas indígenas en las candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría relativa en por lo menos 12 de los 28 distritos electorales federales indígenas, lo cual fue impugnado ante el Tribunal Electoral, el cual resolvió que los partidos debían postular exclusivamente candidaturas indígenas en 13 distritos federales, uno más del que señalaba el Acuerdo del INE, en donde la población indígena superara el 60% de la población total. Además, para evitar prácticas de suplantación de identidad, al efectuar el registro de las candidaturas debían adjuntarse las constancias que acreditaran el vínculo de los candidatos con la comunidad indígena a la que pertenecían.

Los criterios recientemente aprobados para el registro de candidaturas a diputaciones federales para los próximos comicios son de carácter progresista, pues potencian los derechos político-electorales, particularmente de las mujeres y de las comunidades indígenas. Esto es así porque en las diputaciones por el principio de mayoría relativa, se deberán postular candidaturas indígenas en por lo menos 21 de los 28 distritos con 40% o más de población indígena y en 11 de estos distritos, las candidaturas serán para mujeres. También se establece que, para el caso de diputaciones de representación proporcional, se deberá postular una fórmula de candidatura indígena en la 1a., 2a. y 5ta. circunscripción, cuatro en la 3a. circunscripción y dos en la 4ta. circunscripción.

En consonancia con los criterios jurisdiccionales previos se reitera que las personas que se postulen por candidaturas indígenas deberán acreditar, mediante constancia expedida por la autoridad pertinente esta condición teniendo la Junta Distrital el deber de corroborar la autenticidad del documento presentado.

Considero que hay avances relevantes, pasos significativos en una ruta que aún tiene muchos espacios inéditos como las senadurías de representación indígena y la definición de acciones que busquen no solo resolver la parte cuantitativa del problema. No es solo buscar más espacios de representación de estos grupos sino también mejorar la calidad de la propia representación. Precisamos entonces de análisis detallados que consideren la diversidad y fragmentación de estos grupos. Tenemos experiencias en el mundo y en el contexto de nuestros Estados y municipios que podemos aprovechar. Si logramos eliminar la subrepresentación indígena y mejoramos su calidad daremos otro paso en la erradicación de la desigualdad y de la injusticia social.

* Magistrada Presidenta del Tribunal

Electoral del Estado de Michoacán

@YurishaAndrade