Reflexiones sobre el feminicidio
Yurisha Andrade Morales*
La muerte violenta de mujeres por razones de género, se tipifica en el sistema penal mexicano como feminicidio. Se trata de una forma extrema de violencia contra mujeres y la expresión más deleznable de la discriminación que padecen. Los hechos recientes ocurridos en Nuevo León y en muchas otras entidades de la república indican el incremento lamentable de esta manifestación inaceptable de violencia.
Sabemos que múltiples homicidios cometidos en agravio de mujeres no se investigan, aún y cuando pudieran actualizar casos de feminicidio. Es por ello, que diversas instancias, en los ámbitos nacional e internacional, han elaborado protocolos cuya finalidad es servir como herramientas para investigar muertes violentas de mujeres que parecieran haber ocurrido por motivaciones criminales, diversas modalidades de accidentes o suicidios. La principal aportación de estos instrumentos es la visión de género que pide para las indagatorias, ya sea para comprobar la existencia del feminicidio o para descartarlo.
Bajo esta lógica, ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que en los casos de muerte violenta de mujeres es necesario precisar las causas, investigar si existen, o no, motivaciones de género y saber si el entorno de la víctima era de violencia, tal y como se señaló en el caso paradigmático de Mariana Lima Buendía, quien a los 28 años fue asesinada por su esposo, el 28 de junio de 2010 y sirvió para que la Corte emitiera lineamientos para la investigación, especificando que todas las muertes violentas deben investigarse “como feminicidios, con perspectiva de género y con base en los estándares internacionales más altos”. De manera destacada, el máximo tribunal indicó que “la inacción y la indiferencia del Estado ante los casos llevan a la revictimización y discriminación, por lo que los responsables deben ser sancionados”.
Conforme a los datos dados a conocer por diversos medios, todavía en una estadística incompleta y deficiente, conocemos que en lo que va del presente año, se registra la desaparición de 1 mil 696 mujeres y 229 feminicidios. Llama la atención que solo algunos de estos casos se mediatizan y generan indignación y movilización social para activar la maquinaria del Estado para revisar los hechos y encontrar a los responsables. No obstante, pese al descontento social, somos testigos de la lentitud en las investigaciones, de errores en los procedimientos y de la falta de sensibilidad de autoridades que contrasta con la legítima demanda de familias, amigos y organizaciones sociales que desbordan las calles reclamando justicia inmediata.
Muchas de las respuestas que hemos implementado tienen que ver con los ajustes a los marcos regulatorios y con el perfeccionamiento de los procedimientos y normas escritas. Pero, en mi opinión, la solución no está solo en la parte formal de la elaboración y actualización de las leyes, ni en la expresión de solidaridad y de las condolencias que los gobiernos ofrecen a las familias lastimadas por los feminicidios y por la violencia en contra de las mujeres.
Precisamos de acciones concretas y oportunas orientadas a diagnosticar los niveles de gravedad de la violencia intrafamiliar, del acoso en las calles, en las escuelas y en los centros de trabajo. El Estado es la entidad creada para garantizar el bienestar y la seguridad de todos los miembros de la sociedad, es esa la principal razón de su existencia. Desde su surgimiento, ha tenido la responsabilidad de asegurar la creación y funcionamiento de instituciones que garanticen los derechos y su ejercicio por todas y todos.
Los feminicidios no deben alimentar estadísticas. Deben investigarse y castigarse. Ninguna democracia es legítima si no existe una justicia pronta y expedita. Todos exigimos que los postulados constitucionales de seguridad jurídica se hagan realidad y se erradique para siempre la inaceptable violencia en contra de las mujeres.
*Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán
@YurishaAndrade
