Reelección y evaluación ciudadana
Yurisha Andrade Morales*
El principio de sufragio efectivo y no reelección fue una de las banderas centrales de la Revolución Mexicana que inició en 1910. El texto constitucional de 1917 surgido de esa gesta histórica prohibió que el presidente de la República y los gobernadores se reelijan. Legisladores e integrantes de los ayuntamientos han estado sujetos a reglas distintas y la reelección para ellos se dio en su vertiente diferida y no consecutiva.
Ya desde la Constitución de Apatzingán impulsada por Morelos en 1814, la reelección tenía prohibiciones específicas. Se permitía volver a ocupar un cargo de representación, pero no en el periodo inmediato, debían pasar algunos años para volver a competir. En la Constitución de 1824 no había prohibición para la reelección de legisladores federales, pero sí para el presidente y luego en la de 1857 ya no se incluyó regla alguna.
Durante el longevo porfiriato pasamos de la no reelección a la reelección diferida y luego una reforma en 1890 abrió la puerta para perpetuar en la presidencia a un hombre y entonces vino una clara tendencia antirreeleccionista, ya sin Díaz en el poder, cuando la primera etapa de la revolución lo hizo renunciar y llevó a Francisco I. Madero a la presidencia en 1911. La Constitución de 1917 no dejó dudas al establecer en su artículo 87: “El Presidente entrará a ejercer su encargo el 1o. de diciembre, durará en él cuatro años, y nunca podrá ser reelecto”.
Pese a esos antecedentes, en la última década se desarrolló un debate intenso en circuitos políticos y académicos que veían contraproducente un modelo sin matices de prohibición a refrendar periodos inmediatos en cargos distintos al ejecutivo federal. La idea cobró simpatías y abonó a favor el argumento consistente en “empoderar” a la ciudadanía para sancionar a malos gobiernos votando en contra de un segundo, tercero y hasta cuarto mandato consecutivo de la misma persona, no solo de un mismo partido, o premiar con un refrendo la confianza que se conservaba en el ánimo de electores al final de una encomienda pública.
Insisto, la posibilidad de la reelección se arraigó con la idea de que podría servir para que el ciudadano premie buenas gestiones o castigue desempeños deficientes, como ocurre con el modelo norteamericano incluso para el presidente de la República que puede reelegirse una sola vez para completar un máximo de 8 años.
Fue así como el pacto por México logró un consenso para que en 2012 pasáramos del modelo de reelección diferida en congresos y ayuntamientos, al de reelección inmediata o consecutiva que se concretó con la reforma constitucional publicada en 2014 que permite que los senadores puedan ser electos hasta por dos periodos consecutivos y los diputados al Congreso de la Unión hasta por cuatro periodos, pero la postulación solo podrá ser realizada por el mismo partido o por alguno que haya formado parte de la coalición y ahí está quizá el elemento que se vuelve disonante con la idea de empoderar al ciudadano gobernado o representado, porque los candados de la reforma 2014 para la reelección consecutiva replican la aduana de los partidos para volver a obtener la postulación.
Coincido, por otra parte, con el objetivo planteado para aprobar la reelección, el de profesionalizar la tarea legislativa, incentivar y profesionalizar también a quienes son parte de ayuntamientos, aunque quizá los periodos son demasiado elevados para las diputaciones (cuatro periodos) y eso eventualmente podría impedir también la formación de nuevos cuadros legislativos y generar un estanco de la misma clase política. Eso lo sabremos en el mediano plazo.
Hoy la reelección es una realidad y en 2021 se estrena en el ámbito federal como ya ocurrió en diversas entidades federativas con reglas y criterios distintos. La deliberación federal está en otros aspectos, como es el relativo a si los actuales legisladores que busquen la reelección deben o no separarse del cargo para ir de nuevo a las campañas. La Cámara de Diputados ha dicho, a través de un acuerdo interno, que es opcional para quienes vayan a competir y el INE en documentos de trabajo ha sostenido que sí deben separarse, aunque no ha aprobado nada aún.
Los días que siguen son cruciales para el desahogo del proceso electoral y para la implementación de la reelección como derecho político de los legisladores y como mecanismo de evaluación de su gestión y de sus nuevas propuestas por los electores. Veremos qué sucede.
* Magistrada Presidenta del Tribunal
Electoral del Estado de Michoacán
@YurishaAndrade
