-Recordó que previo a la reforma constitucional federal, en Michoacán a partir de una iniciativa que ella promovió en la Cámara, la legislación local ya contemplaba impedir a los violentadores poder competir por un cargo de elección popular.
La publicación este lunes en el Diario Oficial de la Federación, de la reforma a la Constitución General de la República denominada 3 de 3, para que violentadores y deudores alimentarios no puedan acceder a cargos públicos, refuerza el camino que ya se había trazado en Michoacán en la materia, subrayó la diputada Mónica Valdez Pulido, integrante de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.
La diputada por el Distrito de Zacapu recordó que previo a la reforma constitucional federal, en Michoacán a partir de una iniciativa que ella promovió en la Cámara, la legislación local ya contemplaba impedir a los violentadores poder competir por un cargo de elección popular.
“Es cierto que una altísima proporción de las denuncias por violencia contra las mujeres no derivan en castigos, debido a la muy elevada tasa de impunidad que existe en nuestro país, es decir, no se espera que los lineamientos transformen de inmediato conductas arraigadas, sin embargo, se trata de un ejercicio que dará visibilidad y relieve”.
Mónica Valdez recalcó que la violencia política contra las mujeres ha sido uno de los principales problemas relacionado con la participación democrática, pues permanentemente las mujeres son violentadas incluso por sus propias dirigencias de partido.
“No hay que olvidar que el abuso de una condición de poder, con el objetivo de ejercer sometimiento, dominación y control de otras personas mediante la humillación, la agresión física, verbal, psicológica, sexual, moral, social económica y patrimonial, sin que haya argumento o razón alguna que justifique cualquier tipo de agresión”.
La legisladora abundó que en ese entendido, las manifestaciones referidas, han sido encaminadas en lo particular hacia las mujeres, desde los ámbitos sociales, culturales y políticos, en el cual, los agresores han sido servidores públicos y autoridades con responsabilidades políticas y legales, lo que con las reformas legales que ahora son ley, ya no podrá ser posible.
