Morelia, Michoacán, 28 de enero del 2020.- Elevar a derecho constitucional la política de bienestar de la cuarta transformación, como lo propone el Presidente Andrés Manuel López Obrador, será la gran tarea que deberá enfrentar el Congreso de la Unión en el segundo periodo ordinario de sesiones, y un acto de justicia social para los mexicanos, subrayó el diputado Alfredo Ramírez Bedolla.
En noviembre pasado, el Ejecutivo federal presentó a la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma al Artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que en él queden reconocidos los programas del bienestar.
“La política social de la federación ya no estaría sujeta a la voluntad o capricho del Presidente en turno, porque sería elevada a rango de derecho consagrado por nuestra carta magna”, puntualizó el secretario de Bienestar en la Asociación Nacional de Legisladores Constituyentes de la Cuarta Transformación (ANLCT).
Añadió que el planteamiento más significativo que contiene la reforma propuesta por López Obrador es la creación del Sistema Nacional de Salud para el Bienestar, cuyo objetivo principal es garantizar a la población que no cuenta con seguridad social el acceso a los servicios de salud.
En el primer año del gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, abundó, los programas del bienestar han alcanzado a 15 millones 563 mil 941 beneficiarios en todo el país, por lo que su implementación es central en la cuarta transformación, ya que tiene un impacto positivo real en la calidad de vida de las y los mexicanos.
Con el propósito de garantizar la permanencia de una política pública de bienestar, el Presidente de la República propone que el artículo cuarto constitucional contemple otorgar apoyo económico a las personas con discapacidad permanente, pensión para adultos mayores, y becas para estudiantes de bajos recursos en todos los niveles escolares.
Alfredo Ramírez recalcó que los legisladores de Morena están comprometidos con el impulso a la reforma propuesta por el Ejecutivo federal, e hizo un llamado a despolitizar el análisis y debate de esta enmienda, ya que coloca como objetivo prioritario el bienestar de la población que más necesita respaldo del poder público.
