EL DERECHO A LA CIUDAD
PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA 2019-2024
Por: Salvador García Espinosa
El pasado día 27 de noviembre fue presentado el Programa Nacional de Vivienda 2019-2024, como en muchos de los otros temas, en el caso de la vivienda, las expectativas por conocer las directrices del Gobierno Federal aumentaron conforme se retrasaba la presentación de Programa y solo se realizaban anuncios y declaraciones aisladas al respecto de la ampliación de los montos para acceder a créditos de vivienda o las especulaciones sobre malos manejos con respecto a la cartera vencida.
Un primer aspecto que destaca del Programa presentado, es la asignación del tema de vivienda bajo la responsabilidad de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) como responsable o “cabeza de sector”, pues anteriormente lo referente a la vivienda se abordaba por distintos organismos, consejos y secretarias; de forma tal que el financiamiento, la localización, la autorización, así como los aspectos normativos se atendían de forma separada.
El objetivo se define con toda claridad en el documento “es recuperar la rectoría del Estado en materia de vivienda…significa diseñar una política que no responda a intereses particulares, sino a los del pueblo de México.” En este sentido se observa la intensión de dar un golpe de timón, pues hasta la fecha las recomendaciones del Banco Mundial al respecto han sido, que el Gobierno disminuya su participación directa en la ejecución de vivienda y se enfoque a la regulación y respaldo financiero. En esta ocasión, se esperaría, de acuerdo con el Programa, se intensifique la edificación de vivienda para los de menores recursos económicos, que son los que han quedado fuera del alcance de los créditos ofrecidos.
Reafirmando la critica a la política en materia de vivienda seguida hasta este momento, el Programa indica que “la vivienda ha dejado de ser un producto comercial escindido del territorio y se ha convertido, vista desde la política publica, en un espacio habitacional inherentemente vinculado al territorio”. Sin lugar a dudas que, esta perspectiva territorial, es uno de los mayores méritos del Programa, pues se trata de asumir el control del suelo, para evitar la dispersión urbana que actualmente se tiene en las ciudades mexicanas y que en buena medida a sido provocada por la búsqueda de “suelo barato” para el emplazamiento de inmensos desarrollos habitacionales”.
De hecho, el documento presentado destaca que se incorporan los siete elementos de la vivienda adecuada establecidos por ONU-Hábitat, de entre los cuales, en esta oportunidad, se considera pertinente abordar al menos dos de ellos: la asequibilidad y la ubicación.
Se considera que una vivienda asequible es aquella cuyo costo no compromete la capacidad de las personas para acceder a otros satisfactores básicos como la alimentación, salud, vestimenta, entre otros. En este marco, los gastos asociados a la vivienda no deberían superar el 30% del ingreso familiar; la realidad en México es que los sectores sociales, menos favorecidos económicamente, destinan hasta el 60% de su ingreso a la vivienda.
Desafortunadamente el Programa no especifica estrategias para lograr la asequibilidad de la vivienda y lo enunciado se concreta a realizar diagnósticos al respecto, así como “Promover la creación de una “canasta básica de elementos para la construcción de la vivienda” y “Ofrecer más facilidades de pago para los créditos y financiamientos con los que cuentan las personas”. Así que a este respecto habría que esperar a que se concreten los acuerdos en términos de los organismos y mecanismo financieros; esperemos que se contemple en su momento la diversidad actual de la conformación familiar, pues de acuerdo con CONAPO sólo el 50% de las familias están conformadas por una pareja heterosexual en lo que conocemos como el esquema de “familia tradicional”, el resto se distribuye en al menos 10 esquemas distintos de hogares, lo que sin duda obliga a una amplia flexibilidad en términos de los esquemas de financiamiento.
En lo que respecta a la ubicación de la vivienda, se considera que es adecuada en aquellos casos en que a sus habitantes se les garantice el acceso, es decir, la cercanía a los sitios de empleo, salud y educación, así́ como a otros servicios, equipamientos e instalaciones sociales; sin olvidar que resulta fundamental que la vivienda se ubique en zonas libres de riesgos, además de zonas urbanas conectadas y seguras.
Ineludiblemente, para generar viviendas en zonas cercanas a servicios y equipamientos, obliga a generar acciones en términos de lograr la ocupación de predios baldíos que cuentan con servicios. Es aquí donde se espera que se materialice la política de suelo como base para el desarrollo de una vivienda que contribuya al desarrollo urbano de las ciudades, para esto, será condición sine qua non, lograr laalineación de los elementos de seguridad de la tenencia, disponibilidad de servicios, asequibilidad, y habitabilidad.
Finalmente, hay que señalar que algunos de los objetivos se antojan a muy largo plazo, pues se observa que buena parte de las acciones enlistadas en el Programa para los cinco objetivos generales corresponden al nivel de elaboración de diagnóstico, que permitan proporcionar información concreta para fundamentar acciones, situación que mantiene y prorroga la amplia expectativa que se tenia, además de presentar un panorama sumamente incierto sobre lo que en realidad se realizará al respecto de la vivienda durante el presente sexenio.
