Por un futuro naranja
Yurisha Andrade Morales*
El 17 de diciembre de 1999 es un día fundamental en la evolución reciente de los derechos humanos de las mujeres. En esa fecha, la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas decretó que todos los días “25 de noviembre” se conmemora el “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer”, adoptando el color naranja como una bandera, como un distintivo que pueden hacer suyo todos los países del orbe para realizar acciones favorables a la mujer, dado que ese color representa un futuro brillante y libre de violencia en contra de mujeres y niñas.
La fecha fue elegida para recordar el terrible asesinato de las hermanas dominicanas Patria, Minerva y Teresa Mirabal, conocidas en el régimen de Rafael Leónidas Trujillo, como las “Mirabal o mariposas”, sobrenombre que utilizaron en su lucha política opositora a la dictadura. Es un día en el que se conmemora su ejemplo de valentía y se visibiliza su lucha por la libertad.
Se han requerido intensas batallas protagonizadas por miles de mujeres que, desde diversos ámbitos de influencia y participación, lograron estatuir las garantías indispensables que hoy nos permiten ejercer nuestro legítimo derecho a ser votadas en condiciones de paridad y de igualdad en los procesos electorales. Y si bien hay avances tangibles, como es el caso reciente de la postulación en paridad para las gubernaturas, aún falta un largo trecho por recorrer para lograr la igualdad sustantiva, por ello la inclusión efectiva de las mujeres en el ámbito público sigue siendo uno de los retos primordiales de la democracia mexicana.
El fortalecimiento de los derechos de la mujer encuentra en la violencia política de género su mayor obstáculo, así lo demuestran datos derivados de instrumentos construidos en el último proceso electoral. A manera de ejemplo, en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política de Género, visible en la página del INE, se indican 139 registros que corresponden a 125 personas sancionadas. De ellas, 16 son mujeres y 109 son hombres, con la particularidad inaudita de que el Presidente Municipal de Altotonga, Veracruz, todavía en funciones, ha recibido nueve sanciones.
Otro documento del propio Instituto, que contiene el Informe dado a conocer en sesión pública del pasado 17 de noviembre, detalla que “a partir del 14 de abril de 2020, se han presentado 162 quejas, denuncias o vistas (21 en 2020 y 141 en 2021) en materia de VPG. De ellas, se determinó la incompetencia en 109 y se registraron 50 procedimientos especiales sancionadores y 4 cuadernos de antecedentes”, lo cual indica la presencia de este problema endémico en todo el país y las acciones correctivas que están en curso por la autoridad.
Por su parte, la acción denominada “3 de 3 contra la violencia” que estableció que los partidos o coaliciones solicitarían a los aspirantes a una candidatura que firmaran un formato de buena fe y bajo protesta de decir verdad, para declarar que no fueron condenadas por sentencia o resolución firme por violencia familiar o doméstica; por agresiones de género en espacios privados o públicos; por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal; y que no fueren deudores alimentarios morosos, permitió al INE revisar aleatoriamente 1 mil, 177 candidaturas, 822 de hombres y 355 de mujeres, detectándose que tres sí tenían sentencias firmes en su contra por VPG, por lo que se determinó cancelar sus candidaturas, aunque después el Tribunal revocó estas decisiones.
Diversos estudios demuestran que esta modalidad de violencia proviene de la discriminación y desigualdad a las que nos enfrentamos en todos los ámbitos de nuestra sociedad debido al sistema patriarcal y machista que aún prevalece en el país, sometiendo a las mujeres que no se ajustan a las funciones y roles que nos han impuesto tradicionalmente fuera de los ámbitos del poder público. Hay evidencias, incluso, de los métodos usados para implementar mecanismos de autocensura para que las mujeres dejen de competir y participar, por causas que les hacen ver como imputables a ellas mismas.
Me pronuncio en coincidencia con muchas otras mujeres de México y del planeta para depurar medidas que castiguen el abuso y los excesos y que abran caminos a la participación de mujeres en la vida pública. Ningún cargo puede estar reservado exclusivamente para los hombres. Ninguna persona puede lastimar física, emocional o políticamente a otra sin recibir sanciones ejemplares.
Erradicar la violencia que aún prevalece en contra de mujeres y niñas es tarea común en la que deben converger esfuerzos de hombres y mujeres, de partidos, gobiernos y todo tipo de instituciones. Por ello creo en un futuro naranja en la concepción universal de la ONU, en el que prevalezca la igualdad y donde el respeto a nuestra integridad física y emocional sea la normalidad. Los espacios públicos deben ocuparse en razón de méritos profesionales con independencia del sexo de la persona, pero las condiciones para competir por ellos deben ser de igualdad. Llegó el momento de evaluar si los instrumentos de los que disponemos son los adecuados para defender los derechos de la mujer y para evitar los hechos de violencia que todavía padecemos. Analicemos los resultados y avancemos.
*Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán
@YurishaAndrade
