Paridad en elecciones judiciales
Yurisha Andrade Morales*
El lunes 10 de febrero se cumplieron once años de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la histórica reforma constitucional de 2014 que estableció la obligación de los partidos políticos de postular, en forma paritaria, candidaturas a los diversos cargos de elección popular; seguida de la reforma que, años más tarde, el 6 de junio de 2019, estableció la paridad en todo o paridad transversal, que hemos analizado en columnas anteriores; así como de la más reciente reforma constitucional en la materia, la del 15 de septiembre de 2024, que dispone que las personas juzgadoras serán elegidas por voto popular observando el principio de paridad de género.
Las referidas reformas a nuestra Carta Magna condensan la lucha y la voluntad de transformación que paulatinamente ha generado mejores condiciones para la participación política de las mujeres y la consecuente ocupación de responsabilidades públicas, cada vez, en condiciones de mayor igualdad frente a los hombres, con una visión progresiva de los derechos humanos que reconoce que la paridad no puede ni debe agotarse en la simple postulación de candidaturas a cargos de elección popular, sino que también debe alcanzar la ocupación concreta de cargos públicos, razón por la cual hoy se observa que la paridad se aplique en forma horizontal y vertical con una visión transversal.
Las elecciones judiciales que actualmente se organizan en el ámbito federal y en el de 17 entidades federativas: Michoacán, Tamaulipas, Durango, Tlaxcala, Tabasco, Aguascalientes, San Luis Potosí, Coahuila, Ciudad de México, Chihuahua, Veracruz, Sonora, Baja California, Estado de México, Quintana Roo, Colima y Zacatecas, constituyen una buena oportunidad para alcanzar la paridad y corregir las evidentes asimetrías que existen en la ocupación de cargos jurisdiccionales donde prevalece una amplia mayoría de hombres.
Conforme con esta lógica, el 10 de febrero el Instituto Nacional Electoral, aprobó criterios para garantizar la paridad de género en las elecciones judiciales federales, determinando una revisión inicial de las listas de candidaturas que le remita la Cámara de Senadores, dándose un plazo de 24 horas, antes de la impresión de las boletas electorales para verificar el principio de paridad en todos los cargos que están en competencia. Otras reglas indican que, en caso de que se generen sustituciones de candidaturas, se deberá hacer con personas del mismo sexo, a menos que una mujer sustituya a un hombre.
Por la relevancia de la elección, destaca el Criterio 1 que determina que enla asignación de los cargos de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como del Tribunal de Disciplina Judicial, cuyo ámbito es de carácter nacional, se integrarán dos listas, una de mujeres y otra de hombres, que serán ordenadas conforme con el número de votos obtenidos en orden descendente, para asignar alternadamente cargos de hombres y de mujeres considerando a las personas con mayor votación, iniciando con una mujer hasta concluir la asignación. En lo referente a las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se seguirá el mismo procedimiento en cada una de las cinco circunscripciones plurinominales.
Se trata de un paquete amplio de criterios que deben revisarse a la luz del mandato constitucional de concretar la paridad en todo y abatir el déficit que en materia de personas juzgadoras evidenció el INEGI al publicar el Censo Nacional de Impartición de Justicia señalando que, por ejemplo, conforme con cifras del Consejo de la Judicatura, hay 852 personas magistradas, 653 hombres y 199 mujeres, un 77 por ciento contra un 23 por ciento, respectivamente. También es deseable avanzar bajo el criterio de que no se trata solo de una proporción de números sino de cumplir un mandato constitucional abatiendo las trabas aún existentes y, para ello, es mi opinión que el proceso debe complementarse con los mecanismos de formación que fortalezcan los perfiles de mujeres que arriben a los cargos, para generar una sinergia que sume capacidad, conocimientos y experiencia en favor de la administración de justicia de nuestro país.
* Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán
@YurishaAndrade
