Con el fin de dar certeza jurídica a las decisiones del Poder Legislativo michoacano sobre los conflictos territoriales que le competa resolver, este martes fue aprobada la propuesta de reforma constitucional planteada por la diputada Lucila Martínez Manríquez, integrante de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado.
La legisladora recalcó que esta modificación a la máxima norma estatal reconoce plenamente la facultad del Congreso del Estado de resolver conflictos por límites territoriales entre los municipios del estado, medida que otorga certeza jurídica a decisiones que ya venía tomando la Cámara local sin el debido soporte normativo.
Recordó que han sido varios los conflictos suscitados entre municipios michoacanos, como es el caso de Coahuayana, Aguililla, Tancítaro, así como los municipios de Jiquilpan y Sahuayo, los cuales actualmente se encuentran en disputa por la construcción de un retorno para el ingreso a la entrada de acceso a la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo (UCEMICH), obra que resulta una necesidad de la comunidad universitaria.
“Con esta reforma aprobada se incluye en nuestro texto constitucional la facultad expresa de este Congreso de resolver dichos conflictos, ya que las facultades que tiene el Poder Legislativo para legislar, se entienden tácitamente concedidas al Poder Judicial respectivo para juzgar de la aplicación de las leyes expedidas por ese poder, y que la medida de la competencia constitucional de un determinado tribunal, se mide, en principio, por la competencia legislativa de su correspondiente Poder Legislativo”.
Apuntó que esta reforma da certeza jurídica a los municipios, toda vez que se contará de manera clara la intervención del Congreso para dar solución a todos aquellos problemas que ya existen y a los que pudieran presentarse de manera posterior entre las municipalidades.
