Legisladores del PRD acusan a AMLO de violentar la Constitución

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Ciudad de México, a 05 de abril de 2020.- El Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados expresa su rechazo al anunciado acuerdo presidencial que pretende “devolver” a las empresas concesionarias privadas los tiempos oficiales en radio y televisión.
La transmisión de los mensajes del Estado mexicano es posible gracias al espacio de que dispone en radio y televisión, el cual reciben la denominación de tiempos oficiales y se integran por tiempos del Estado y por tiempos fiscales. 
Los tiempos del Estado son 30 minutos diarios gratuitos de radio y televisión que todos los concesionarios, sean públicos o privados, están obligados a dar al Estado, como pago de derechos al explotar las ondas radioeléctricas que son propiedad de la Nación. 
Los tiempos fiscales son los tiempos al aire en radio y televisión que recibe el Estado como pago en especie del impuesto sobre servicios expresamente declarados de interés público por la Ley. 
Este impuesto aplica sólo a los concesionarios de uso comercial y son actualmente 35 minutos diarios para las estaciones de radio y 18 minutos en el caso de los canales de la televisión comercial.
Desde hace tres décadas, las empresas concesionarias de radio y televisión pretenden quedar exentas de los pagos de derechos y del impuesto referido. Sólo Vicente Fox concedió mediante un cuestionable decreto una reducción de los tiempos fiscales.
Ahora extraña que quien denunció a la mafia del poder y se quejó reiteradamente del “cerco informativo” de los medios masivos de comunicación, sea el presidente que pretende hacer este un doble regalo a dichas empresas privadas, obsequio con cargo al patrimonio del Estado, que resulta violatorio de las disposiciones constitucionales y legales que regulan el uso de los tiempos oficiales y las que prohíben la condonación de impuestos.
Se trata de un doble regalo porque, además de que las concesionarias privadas podrán comercializar los tiempos oficiales, el gobierno se verá obligado a contratar publicidad institucional, y a pagar por ella, para difundir campañas de interés público como las relacionadas con la salud, la educación, la protección civil, el pago de impuestos y la promoción turística, para mencionar solo algunas de las más importantes.
El Grupo Parlamentario del PRD estará atento al texto del Acuerdo o Decreto y evaluará la posibilidad de impugnarlo ante las instancias competentes.