Las mujeres en los espacios de poder
Yurisha Andrade Morales*
Impulsar la participación de la mujer en espacios públicos representa un reto para la sociedad mexicana. Si bien la presencia femenina en cargos relevantes ha crecido, es en el poder legislativo y en los ayuntamientos donde los impactos positivos son más notorios. Así, desde 1988 a la fecha la representación política de las mujeres en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión pasó de 11.8 a 48.2%. Mientras que en los ayuntamientos también creció en los últimos 15 años, pues en 2006 las mujeres tenían una representación del 4%, en 2015 alrededor del 9% y en 2017 subió al 14%.
Es cierto que la mujer se ha incorporado a más espacios de poder público, pero aún permanece una subrepresentación en los cargos de elección popular y en los puestos de más alto nivel para la toma de decisiones. Los especialistas advierten que este fenómeno obedece, en parte, a una cultura política que no incentiva la participación e impide que las mujeres tengan herramientas y conocimientos para hacer valer sus derechos dentro de los diferentes ámbitos. A ello debe añadirse el arraigo en varios sectores de la población sobre los estereotipos y roles de género, así como las actitudes micromachistas que simulan solidaridad y protección.
La Encuesta Nacional de Discriminación de 2017 mostró que el 25% de las mujeres en ese sexenio sufrieron la negación de algún derecho, y entre ellas las mujeres indígenas fueron las más afectadas. Igual evidenció que el 30% fueron discriminadas por el hecho de ser mujeres y que el 44% tuvo la percepción de que sus derechos eran poco o nada respetados. La referida encuesta también destacó que al 90% de la población le gustaría mucho que una mujer ocupara la Presidencia de la República. Un dato por demás significativo.
La participación femenina ha hecho visible, tanto la gran brecha que aún existe entre el ejercicio de los derechos del hombre y los de las mujeres, como el carácter estructural de esta discriminación. La concientización que se ha derivado de ello, ha contribuido a la creación de diversos programas y políticas para fomentar la participación política desde las prioridades y necesidades de las mujeres.
Entre los puntos que debe contener una agenda para construir una democracia con perspectiva de género, se deben considerar esencialmente los siguientes: 1) la creación de medios efectivos de información que permitan incentivar la participación de las mujeres en los diversos espacios, 2) la implementación de mecanismos de solución de conflictos que verdaderamente sean aplicados con perspectiva de género, y 3) el acercamiento por parte de las autoridades, en el ámbito de sus competencias, para propiciar un ambiente de oportunidades y equidad entre las mujeres interesadas en la participación en espacios públicos.
Además, es importante que esta agenda cuente con ciertos elementos comunes para fortalecer la prevención, atención y sanción en los casos de violencia política por razones de género. Por ejemplo, el trabajo interinstitucional, el acceso efectivo y claro a los mecanismos de difusión y medios de defensa en materia de género, así como el adecuado ejercicio de la cultura de la no violencia en los diversos sectores del país.
Actualmente con la reforma en materia de violencia política en razón de género, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 13 de abril, se han implementado varios instrumentos que promueven un ambiente adecuado para la participación de las mujeres en nuestro país. Se destacan: a) la creación de la base estadística nacional de violencia política de género, b) el procedimiento especial sancionador para la atención de quejas o denuncias por violencia política de género, c) el requisito para ocupar una diputación o senaduría de no estar condenada o condenado por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género, y d) la obligación de los partidos para establecer mecanismos de sanción a quien ejerza violencia política de género y sustanciar cualquier procedimiento con perspectiva de género.
En este contexto, hay dos acontecimientos relevantes derivados de la reforma. El primero corresponde a la integración del Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, en el cual podrán permanecer registrados hasta por seis años quienes hayan sido condenados por este delito, tiempo durante el cual no podrán ser elegibles para cargos públicos. El segundo, aprobado el pasado 29 de octubre por el Consejo General del INE, corresponde a los lineamientos para que los partidos políticos nacionales prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género.
Uno de los puntos de estos lineamientos, que es importante para ampliar la presencia de la mujer en los espacios de poder, es el capítulo denominado tres de tres contra la violencia, consistente en que las y los aspirantes a una candidatura: 1) no cuenten con antecedentes de denuncia, investigación, procesamiento y, en su caso, no hayan sido condenados o sancionados mediante resolución firme por violencia familiar o doméstica; 2) no cuenten con antecedentes de denuncia, investigación y procedimiento en casos de delitos sexuales, contra la libertad sexual y la intimidad corporal, y 3) no estén inscritos o tengan registro vigente como deudor alimentario.
Considero que el reconocimiento pleno de la paridad representa un logro que aún necesita mucho trabajo para motivar la participación femenina, además de poder garantizar que se ejerza de manera efectiva y plena. Sobre todo, será crucial que los obstáculos no provengan de los mismos funcionarios públicos (tristemente también de funcionarias); es decir, que no oculten información para poder ejercer el cargo de manera correcta, o bien, que no manejen un doble discurso en el que, por un lado, en eventos públicos expresan posturas en contra de la violencia política por razones de género, y, por otro lado, ellos mismos la cometen en los ámbitos menos visibles.
* Magistrada Presidenta del Tribunal
Electoral del Estado de Michoacán
@YurishaAndrade
