La ruta del voto electrónico. La opinión de la Dra. Yurisha Andrade Morales

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La ruta del voto electrónico

Yurisha Andrade Morales*

Construir y fortalecer progresivamente a la democracia en México ha requerido de múltiples esfuerzos para lograr los acuerdos políticos que han generado los marcos normativos necesarios y las instituciones que la han hecho posible. En su faceta político electoral el trayecto ha requerido ajustes a lo largo de varias décadas para generar condiciones que faciliten elecciones libres y un modelo de competencia que refleje la diversidad política del país y la posibilidad de evaluar con el voto ciudadano a los integrantes de los órganos de gobierno y de la representación popular.

            La edificación del andamiaje institucional que hoy tenemos en los ámbitos federal y local alejó fantasmas y efectos de fraudes de antaño y protege el derecho al voto efectivo. Para garantizar elecciones auténticas se han implementado distintos candados de confianza, que incluyen la integración y depuración permanente de listados de electores por sección electoral; una  actualización periódica de las geografías electorales; sofisticados mecanismos para integrar las mesas directivas de casillas; sistemas para obtener los resultados que son vigilados por todos; mecanismos de defensa para revisar cada actividad de los procesos electorales; procedimientos de observación nacional e internacional; y materiales y documentos con fórmulas que permiten verificar su autenticidad y su infalsificabilidad, entre muchos otros.

            Se trata de un modelo abigarrado, excesivamente regulado y vigilado, pero que ha generado confianza en la renovación periódica del poder público y ha facilitado las alternancias en los distintos niveles de gobierno, más si consideramos que en los últimos 20 años ningún partido ha sido inamovible en la silla presidencial y que esa regla se replica como una constante en las elecciones de las gubernaturas. No hay fuerzas políticas con triunfos o derrotas predefinidos, el voto modifica constantemente la distribución del poder y genera composiciones antes impensables con ejecutivos que provienen de un partido y mayorías congresionales que, en varios casos, son de colores distintos.

            Las características de nuestro modelo electoral implican, también, logísticas muy sofisticadas para organizar las elecciones y exigen modernizar diversos procedimientos para hacer más ágil la recepción y contabilidad de los votos. Por ello, antes de la reforma electoral de 2013-2014 algunos institutos estatales electorales ensayaron dispositivos electrónicos que tuvieron buenos resultados. A partir de la regulación de la casilla única, el trabajo en las mesas de casilla se multiplicó para la etapa de escrutinio y cómputo retrasando la obtención de resultados y la realización de las actividades subsecuentes.

            En consecuencia, el INE, como autoridad facultada para la integración e instalación de las mesas receptoras de la votación inició pruebas piloto con resultados vinculantes como ocurrió en las elecciones locales de Coahuila e Hidalgo el 18 de octubre de 2020 donde se utilizaron 54 y 40 urnas electrónicas, respectivamente. Ya en elecciones federales, el pasado 6 de junio se usaron 100 urnas, 50 en Coahuila y 50 en Jalisco. En todos estos casos, los resultados son aceptables y permiten analizar la ruta que debe seguir la implementación del voto electrónico en nuestro país.

            Sabemos que los costos de la democracia tienen una relación directa con sus candados de confianza, con la instalación de casillas y con el valor monetario de los documentos y materiales electorales que se utilizan. A mayores candados para generar confianza y credibilidad, mayor cantidad de recursos públicos se requiere.

            Creo que uno de los retos fundamentales de las autoridades electorales es demostrar que es posible organizar elecciones auténticas y confiables sin tener que solicitar presupuestos que indignan a la sociedad y que no están en sintonía con la política actual de austeridad en el uso de los recursos públicos. El árbitro no puede renunciar a mostrase austero ante una sociedad demandante e inconforme con los excesos de gasto. El voto electrónico es una opción para bajar sensiblemente costos sin disminuir garantías de seguridad y eficacia. Si la reforma electoral se concreta será un buen escenario para revisar diagnósticos precisos en la materia y propuestas de regulación por los legisladores que, en esta materia, también enfrentan un compromiso fundamental con la sociedad mexicana.

*Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán

@YurishaAndrade