65 años del voto activo de la mujer
Yurisha Andrade Morales*
El reconocimiento jurídico de los derechos políticos de las mujeres mexicanas constituye un arduo proceso que ha formado parte de la construcción del Estado.
En la época de la Independencia la participación de las mujeres fue condicionada, estaban sujetas por la religión, la familia y la sociedad, pero esto no impidió que las mujeres participaran como espías, informantes y combatientes, entre otras acciones que fueron implementadas por mujeres valientes como Josefa Ortiz de Domínguez y Leona Vicario que lucharon mano a mano con los hombres por la independencia de una nación.
Posteriormente, en la época de la Revolución Mexicana, las mujeres siguieron participando en actividades políticas, en esta ocasión más intensa que en el movimiento de Independencia, fueron soldados, espías, escribían artículos, volantes, folletos en contra de la dictadura de Porfirio Díaz y de su reelección.
Después de la lucha contra el Porfiriato, comenzaron las discusiones para redactar una nueva Constitución, donde debían plasmarse las principales demandas sociales, de los campesinos y obreros. La participación de las mujeres por el derecho al voto estuvo presente en el Congreso Constituyente con Hermila Galindo quien, en 1916, presentó la propuesta de voto a la mujer y por fin obtener el derecho a participar en las elecciones de diputados.
En ese año tuvo lugar el primer Congreso Feminista, cuyo objeto fue reflexionar acerca de los problemas relacionados con la situación de las mujeres, y entre los principales acuerdos se determinó pedir que se modificara la legislación civil para otorgar a las mujeres mayor libertad para llevar a cabo sus aspiraciones.
Pero, fue hasta el Congreso Agrícola de Motul en 1918, donde se planteó la necesidad de que las mujeres pudieran votar y ser votadas generando debate; en este Congreso las mujeres yucatecas obtuvieron esos derechos.
Sin embargo, a pesar de incansables movimientos de mujeres, fue hasta 1953 que se reconoció el acceso al sufragio de las mujeres a nivel nacional, por el presidente Adolfo Ruíz Cortines. Siendo hasta el 3 de julio de 1955 cuando por primera vez en la historia de nuestro país las mujeres mexicanas ejercieron su derecho al voto y se incrementó el número de diputadas federales pasando a ser cuatro.
Hasta 1979 se eligió a la primera gobernadora, Griselda Álvarez, por el Estado de Colima. En 1989 fue electa la primera senadora de oposición Ifigenia Martínez, postulada por el Frente Democrático Nacional.
Así fue como las mujeres poco a poco incrementaron su participación en las elecciones y empezaron a convertirse para los partidos en una población importante con probabilidades de ganar.
El reconocimiento del derecho a votar y ser votadas no fue ni ha sido una garantía para acceder a un cargo público, a pesar de las luchas de diversos movimientos y reformas a través del tiempo, tal es el caso de las cuotas de género a la paridad, que surgieron como una medida en el ámbito nacional e internacional para encontrar un equilibrio en la participación de mujeres y hombres en los órganos de toma de decisiones.
En los comicios federales del 1° de julio de 2018 la lista nominal a nivel federal ascendió a 89.1 millones de ciudadanos, de los cuales el 51.9% eran mujeres y 48.1% hombres. En esa ocasión el 62.3% del electorado acudió a votar, siendo mayor la participación de las mujeres en las urnas respecto a la de los hombres.
Los altos niveles de participación se reflejaron en el sector femenino en el rango de edad de 45 a 59 años y en el sector no urbano. Mientras que el abstencionismo fue del 37.7%, del cual 20.2% fueron hombres y 17.5% mujeres, es decir, el abstencionismo de los hombres superó a las mujeres.
Actualmente, la lista nominal en nuestro país es de 90.3 millones de ciudadanos, de los cuales 46.6 millones son mujeres, es decir, el 51.6%
Las mujeres deben enfrentarse a diversos factores inherentes a la cultura política de los institutos políticos donde se ha visto reflejada durante décadas su exclusión en los espacios de toma de decisiones, justificando dicha desigualdad en los roles de género. Frecuentemente se han adoptado formas masculinas en el ejercicio de la política consintiéndolas, erróneamente, como una forma de liderazgo.
En los próximos comicios del 2021, dichas prácticas patriarcales de antaño deben ser eliminadas, aunque ya ha habido un avance al reconocer los derechos políticos de las mujeres, la lucha por lograr espacios de participación ha sido difícil.
Datos del Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México señalan que la libertad y la participación política de las mujeres permanentemente han enfrentado obstáculos en los regímenes sociales y económicos prevalecientes en todo el mundo, y en las estructuras políticas existentes.
No basta con la igualdad formal o de derecho; no es suficiente con que las leyes, las políticas públicas, los planes y las acciones gubernamentales aseguren la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Los Estados están obligados a poner todos los medios a su alcance para conseguir en los hechos la igualdad de género, la igualdad de resultados, la igualdad sustantiva. Asimismo, es responsabilidad de los partidos políticos promover y garantizar la paridad entre los géneros para integrar el Congreso de la Unión, los Congresos locales y el Congreso de la Ciudad de México.
Las políticas en favor de la igualdad de género son fundamentales para lograr este fin. Sin embargo, para ser efectivas y acelerar su avance, éstas requieren de medidas temporales y de acciones afirmativas para eliminar las desigualdades, la discriminación, la violencia contra las mujeres e incrementar la participación de las mujeres en la vida política y pública del país.
* Magistrada del Tribunal Electoral
del Estado de Michoacán
@YurishaAndrade
