INE: OCTAVO ANIVERSARIO
Yurisha Andrade Morales*
El pasado 4 de abril se cumplieron ocho años de la instalación formal del Instituto Nacional Electoral y, por lo tanto, del actual sistema nacional de elecciones. Desde su fundación, el IFE-INE se caracteriza por constituir un espacio privilegiado para integrar y desahogar una parte sensible de la agenda político electoral y para fortalecer y recrear nuestra democracia. En materia electoral es hoy la institución más visible, vigilada y auditada del Estado mexicano.
La historia del INE inició con la reforma electoral de 1989-1990 con la fundación del IFE y tiene un punto de inflexión con la de 2013-2014 que estableció el modelo electoral que hoy nos rige. Recordemos que el IFE surgió en un momento clave, cuando la sociedad y los actores políticos arribaron al consenso de que México exigía normas e instituciones que garantizaran credibilidad y autenticidad de las elecciones y que se erradicaran las nocivas prácticas del fraude electoral. Así, los organismos electorales fueron una especie de respuesta institucional a la urgencia de regresar confianza a las elecciones y de generar garantías de imparcialidad y de apego a la legalidad.
En 2013-2014, con la reforma electoral, se apostó por un modelo distinto de coordinación entre árbitros estatales y una autoridad central que tiene alcances nacionales en temas y escenarios específicos, y si bien el poder legislativo conservó la autonomía de los 32 institutos locales, trasladó algunas de sus atribuciones al organismo nacional que, bajo ciertas reglas, puede organizar parcial o totalmente los comicios de los Estados o emitir criterios generales para homogeneizar procedimientos que garanticen su calidad.
Entre los cambios más significativos se confió al INE la fiscalización centralizada de los gastos que realizan partidos, precandidatos y candidatos; la designación de consejeras y consejeros de los institutos electorales de los Estados; la supervisión que centralizadamente se realiza sobre temas como la elaboración de documentos y materiales electorales, los programas de resultados preliminares y la base para construir un servicio civil de carrera en los OPL.
Ante las circunstancias actuales, mi opinión es que México y sus entidades federativas necesitan instituciones autónomas como el INE y los organismos estatales, que actúen con independencia e imparcialidad frente a los partidos y los gobiernos en turno, para arbitrar con eficacia la disputa por el poder político que cada vez es más intensa y que tiene inagotables problemáticas y conflictos. La sabiduría de nuestro modelo electoral está en la distribución de competencias entre los organismos que lo conforman, en la diferencia entre organismos administrativos y los de carácter jurisdiccional, que ejercen el control de la legalidad de los actos electorales, conforme a normas previamente establecidas.
El IFE-INE, pero también los institutos estatales electorales y los tribunales, constituyen una creación colectiva, son el resultado de acuerdos en lo fundamental plasmados en las leyes entre partidos y gobiernos; provienen igual de la lucha y tenacidad de miles de hombres y mujeres que se han esforzado por democratizar al régimen y por establecer una ruta progresiva de ampliación de los derechos políticos de las mujeres y de los grupos en condiciones de vulnerabilidad.
La eventualidad de una reforma electoral debe ofrecer a la sociedad mexicana la posibilidad de fortalecer a nuestras instituciones y de analizar los aspectos del sistema nacional de elecciones que sí necesitan ajustes para actualizarlo y volverlo más funcional, me he referido a algunos de ellos en artículos anteriores. Nuestra democracia exige que sus instituciones sean sólidas, que cumplan, con apego a los principios rectores de la función electoral las tareas para las que fueron creadas, pero también precisa de un comportamiento apegado a derecho de los actores políticos y de los ciudadanos.
*Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán
@YurishaAndrade
