
INE: legitimidad y credibilidad
Yurisha Andrade Morales*
La aparición en videos y audios de la exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral en la que aparece con proveedores de materiales electorales hablando de la asignación irregular de contratos y se observa la distribución ilegal de dinero generado por indebidas comisiones ha lastimado la legitimidad y credibilidad que la sociedad y los actores políticos tenían en el organismo que por treinta y seis años se había erigido como la institución más emblemática de la democracia mexicana. La apariencia de actos graves de corrupción involucra directamente a la persona que representaba y coordinaba al árbitro federal de los procesos electorales, una institución que cobró respetabilidad y se convirtió en referente a nivel mundial y que fue convertido en un botín por quien tenía la responsabilidad directa de cuidarlo y fortalecerlo con un desempeño eficaz y honesto.
Mediciones recientes de Roy Campos reflejan que de cada cien mexicanas y mexicanos solo el 23% expresa que el INE sigue teniendo credibilidad, lo cual lo coloca en el porcentaje de aceptación más bajo de su historia, cuando en otros momentos llegó a registrar hasta un 76%. En paralelo, otras mediciones publicadas por El Universal señalan que siete de cada diez mexicanos consideran que el INE no es independiente y que ocho de cada diez opinan que la corrupción está generalizada en su interior, lo cual refleja las dimensiones de la falta de credibilidad que se tiene a poco más de seis meses de las elecciones del 6 de junio de 2027.
Los datos del diario citado son demoledores: casi el 70% de la población encuestada considera que el INE, al no ser independiente, actúa influenciado por el gobierno y por un partido político y el 62% menciona que no tiene capacidad para organizar las elecciones. A final de cuentas estamos hablando de la percepción ciudadana, de lo que la gente advierte tras los posibles hechos de corrupción que se están investigando por autoridades administrativas y por la Fiscalía General de la República y sus consecuencias directas en el corazón de la legitimidad del árbitro.
El debate público lleva casi cuatro semanas polarizando a la opinión pública entre dos extremos: los que consideran que los hechos e investigaciones deben circunscribirse a los últimos tres años y medio y los que se suman a la versión oficial que impulsa la narrativa consistente en que la responsabilidad corresponde a las administraciones anteriores. Lo más lamentable es que al final pierde el país, pierde la democracia y perdemos todos, pues entre los argumentos de una y otra parte, inevitablemente se destruye al sistema nacional electoral construido para organizar las elecciones y para ser el principal soporte en la generación de condiciones de estabilidad política y paz social.
La presidenta de la República ha declarado en sus mañaneras que a la conclusión de los procesos electorales presentará, de nuevo, sus iniciativas de reforma electoral orientadas a disminuir el costo de la política y de las elecciones, así como a transformar al INE y a los organismos públicos locales electorales, lo cual ha sido interpretado, por los partidos opositores y por algunas voces especializadas en la materia, que la pretensión es regresar el control de los procesos electorales al gobierno, como ocurría hasta finales de los años ochenta.
Es urgente el control de daños que deje satisfechos a todos: investigaciones objetivas apegadas a derecho, procedimientos judiciales con establecimiento claro de responsabilidades y con sanciones proporcionales a la gravedad de las faltas cometidas y, lo más importante, un plan emergente implementado con los mayores estándares de transparencia, de cara a la sociedad, para recuperar la credibilidad institucional y la confianza de todos en la capacidad operativa de la institución para organizar los procesos electorales. Seamos claros: a nadie le conviene un árbitro debilitado sin autonomía ni credibilidad y sin aceptación. Ese plan de recuperación es responsabilidad de las consejerías en funciones, pero también, de los partidos políticos y gobiernos.
Exmagistrada y especialista en materia electoral
@YurishaAndrade




