INE: legitimidad y credibilidad

Yurisha Andrade Morales*

La aparición en videos y audios de la exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral en la que aparece con proveedores de materiales electorales hablando de la asignación irregular de contratos y se observa la distribución ilegal de dinero generado por indebidas comisiones ha lastimado la legitimidad y credibilidad que la sociedad y los actores políticos tenían en el organismo que por treinta y seis años se había erigido como la institución más emblemática de la democracia mexicana. La apariencia de actos graves de corrupción involucra directamente a la persona que representaba y coordinaba al árbitro federal de los procesos electorales, una institución que cobró respetabilidad y se convirtió en referente a nivel mundial y que fue convertido en un botín por quien tenía la responsabilidad directa de cuidarlo y fortalecerlo con un desempeño eficaz y honesto.

​Mediciones recientes de Roy Campos reflejan que de cada cien mexicanas y mexicanos solo el 23% expresa que el INE sigue teniendo credibilidad, lo cual lo coloca en el porcentaje de aceptación más bajo de su historia, cuando en otros momentos llegó a registrar hasta un 76%. En paralelo, otras mediciones publicadas por El Universal señalan que siete de cada diez mexicanos consideran que el INE no es independiente y que ocho de cada diez opinan que la corrupción está generalizada en su interior, lo cual refleja las dimensiones de la falta de credibilidad que se tiene a poco más de seis meses de las elecciones del 6 de junio de 2027. 

​Los datos del diario citado son demoledores: casi el 70% de la población encuestada considera que el INE, al no ser independiente, actúa influenciado por el gobierno y por un partido político y el 62% menciona que no tiene capacidad para organizar las elecciones. A final de cuentas estamos hablando de la percepción ciudadana, de lo que la gente advierte tras los posibles hechos de corrupción que se están investigando por autoridades administrativas y por la Fiscalía General de la República y sus consecuencias directas en el corazón de la legitimidad del árbitro. 

​El debate público lleva casi cuatro semanas polarizando a la opinión pública entre dos extremos: los que consideran que los hechos e investigaciones deben circunscribirse a los últimos tres años y medio y los que se suman a la versión oficial que impulsa la narrativa consistente en que la responsabilidad corresponde a las administraciones anteriores. Lo más lamentable es que al final pierde el país, pierde la democracia y perdemos todos, pues entre los argumentos de una y otra parte, inevitablemente se destruye al sistema nacional electoral construido para organizar las elecciones y para ser el principal soporte en la generación de condiciones de estabilidad política y paz social. 

​La presidenta de la República ha declarado en sus mañaneras que a la conclusión de los procesos electorales presentará, de nuevo, sus iniciativas de reforma electoral orientadas a disminuir el costo de la política y de las elecciones, así como a transformar al INE y a los organismos públicos locales electorales, lo cual ha sido interpretado, por los partidos opositores y por algunas voces especializadas en la materia, que la pretensión es regresar el control de los procesos electorales al gobierno, como ocurría hasta finales de los años ochenta. 

​Es urgente el control de daños que deje satisfechos a todos: investigaciones objetivas apegadas a derecho, procedimientos judiciales con establecimiento claro de responsabilidades y con sanciones proporcionales a la gravedad de las faltas cometidas y, lo más importante, un plan emergente implementado con los mayores estándares de transparencia, de cara a la sociedad, para recuperar la credibilidad institucional y la confianza de todos en la capacidad operativa de la institución para organizar los procesos electorales. Seamos claros: a nadie le conviene un árbitro debilitado sin autonomía ni credibilidad y sin aceptación. Ese plan de recuperación es responsabilidad de las consejerías en funciones, pero también, de los partidos políticos y gobiernos. 

Exmagistrada y especialista en materia electoral

@YurishaAndrade