“En México, los feminicidios no deben quedar impunes y se debe garantizar la justicia, la seguridad y protección a las mujeres”, subrayó la presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado, Lucila Martínez Manríquez, quien señaló que la indiferencia del Gobierno Federal representa un riesgo para las mujeres.
La legisladora señaló que de acuerdo con la Red Nacional de Refugios en nuestro país, tan sólo en el mes de enero pasado, se cometieron 320 feminicidios y en el 2019, se abrieron sólo 976 carpetas de investigación, de los 3 mil 825 feminicidios que se registraron, lo cual refleja que en México la justicia es mero discurso y que la violencia contra la mujer va en aumento y la impunidad persiste.
“La percepción de inseguridad en nuestro país, aumentó en más de un 72 por ciento; además de que, el año anterior, fue el más violento contra las mujeres en la historia del México reciente, lo cual es muy lamentable, dado que refleja se está fallando y que para la 4-T frenar la violencia feminicida no es una prioridad”, afirmó.
Lucila Martínez condenó el silencio y la omisión del Gobierno Federal frente a los asesinatos de mujeres, violencia y desapariciones que se reportan día a día.
“Hay una ausencia del Estado Mexicano para hacer frente a los problemas que viven las mujeres y diversos sectores de nuestra sociedad”, manifestó.
Reprobó el desinterés que ha mostrado, en el discurso y en los hechos, el Gobierno Federal hacia las mujeres y la negación es la única política clara que ha asumido sobre los feminicidios y la violencia feminicida en México.
Llamó al Gobierno Federal a asumir su responsabilidad constitucional y garantizar la seguridad y recordó que los feminicidios contra las niñas y adolescentes han aumentado en el país en un 13 por ciento, ante la nula acción del Estado Mexicano para hacer frente a este grave problema.
Se sumó al llamado que realizó la Red Nacional de Refugios a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que se libere el presupuesto para los refugios y centros de atención externa para mujeres víctimas de violencia, establecido en el presupuesto para este año, ya que estos espacios son clave para la atención integral de las víctimas y para salvar a quienes estén en riesgo.
