EL DERECHO A LA CIUDAD
¿Y el Estado de Derecho?
Salvador García Espinosa
Seguramente Usted como muchos mexicanos, al observar como se posiciona de los titulares informativos las notas policiacas o la comúnmente llamada “nota roja”, sufre de la invasión de un sentimiento de indignación, molestia, coraje e incluso desesperanza. Baste señalar el muy lamentable caso de la niña Fátima, sólo por ser el caso más reciente y que pudiéramos ubicar como el extremo más grave del grado de inseguridad que prevalece en el país, de manera particular, pero no especifica, en contra de las mujeres.
Hay quienes buscan respuestas o explicaciones, en aspectos de seguridad pública, de la falta de recursos para albergues para mujeres que sufren violencia, sobre estrategias para combatir corrupción e incluso, atribuirle a un sistema económico los grados de inseguridad en que vivimos. En esta búsqueda desesperada de posibles explicaciones, resulta pertinente revisar el estudio denominado Índice de Estado de Derecho en México 2019-2020, elaborado por Word Justice Project.
El Estado de Derecho comprende al menos cuatro principios fundamentales: la división de poderes, legalidad, según la cual todas las autoridades quedan sometidas a una norma jurídica, la independencia judicial y la garantía para los derechos humanos. Bajo estas premisas se considera que el Estado de Derecho es lo que permite y garantiza que todos los individuos de una sociedad, así como las instituciones creadas por éstos para su gobierno y administración, operen sujetas al cumplimiento de la ley, con pleno respeto a los derechos humanos.
La ONU considerando que se trata del marco rector que garantiza el establecimiento de derechos, obligaciones y limites para que las personas podamos vivir en armonía, participar en las decisiones de sus comunidades, y disfrutar de un patrimonio seguros. Incluyó en el año 2015 dentro de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS), el promover sociedades justas, pacificas e inclusivas, y la meta al 2030 es “promover el Estado de Derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos”.
En contraposición, la ausencia del Estado de Derecho, es lo que subyace cuando observamos que, ante el incremento en delitos, la impunidad que prevalece, pues para la gran mayoría no existen consecuencias. Pero esto acontece en todas las escalas, pensemos en quienes se estacionan en lugar prohibido, saben que las probabilidades de que los multen son mínimas, al igual que conducir sin licencia; construir sin el permiso correspondiente, no respetar el usos de suelo, tirar desechos tóxicos al mar, etcétera, una diversidad de asuntos que nos hemos acostumbrado a ver, incuso toleramos, pero que escalan en magnitud y algo similar acontece con la corrupción, la tala de un bosque para plantar una huerta de aguacates, contaminar, robar, extorsionar, violar e incluso asesinar… las probabilidades de ser castigado por infringir la ley son mínimas.
Muy lamentable es que, ante la impunidad, se incrementan los delitos y, día con día, observamos como vamos aumentando nuestra tolerancia y reduciendo nuestras libertades. En este contexto el Índice de Estado de Derecho en México 2019–2020 presenta una radiografía de la situación en México, con una escala de 0 a 1, se ponderan ocho factores de los cuales, por razones de espacio solo señalare cuatro.
Orden y seguridad, mide sí el Estado es efectivo en garantizar la seguridad de las personas y la de sus propiedades, considera que la seguridad es uno de los aspectos definitorios de cualquier sociedad que se rige por el Estado de Derecho y e es una condición necesaria para el goce de los demás derechos y libertades que el gobierno busca proteger. Los aspectos medidos son: ausencia de homicidios, las personas se sienten seguras y ausencia de crimen. Michoacán se ubica en la posición 13 con 0.41 puntos, por arriba del promedio nacional que fue de 0.37 puntos. Existe entre 2019 y 2020 un retroceso pues bajó el puntaje en 19 estados del país, como consecuencia del aumento en la tasa de homicidios, del aumento en la prevalencia e incidencia delictivas y del deterioro de la percepción de seguridad de los mexicanos.
Justicia civil, corresponde a si las personas pueden acceder a mecanismos pacíficos y efectivos para resolver sus controversias a través del sistema de justicia civil. Es decir, si los individuos conocen sus derechos y confían en las instituciones del sistema de justicia civil, si pueden resolver sus problemas legales fácilmente y sin altos costos ni procesos burocráticos, que el sistema de justicia civil garantice un proceso de calidad, que las resoluciones de los tribunales civiles y administrativos se ejecutan efectivamente, sí las personas tienen acceso a información y asesoría legal asequible y de calidad cuando enfrentan problemas legales o disputas, la imparcialidad del sistema de justicia civil entre otros aspectos más. En este rubro el promedio nacional es de tan solo 0.36 puntos, siendo Guanajuato la entidad mejor evaluada con 0.44 y Michoacán se ubica en la posición 26 con solo 0.33 puntos de un máximo total de un punto. Es de subrayar que, en la mayoría de los estados, los puntajes más bajos son los relacionados con el acceso a la justicia y la eficiencia de los procesos al transitar el sistema de justicia civil.
Justicia penal. evalúa la efectividad y su calidad, La policía y el ministerio publico investigan los delitos de manera eficaz, entre los factores ponderados esta si los sistemas de procuración y de impartición de justicia son expeditos y eficaces, que los derechos de las victimas se garanticen efectivamente, la imparcialidad del sistema de justicia penal, que sea independiente y este libre de corrupción, que se garantice el debido proceso legal de los acusados, entre otros aspectos. Michoacán se ubica en el promedio nacional con 0.38 puntos, mientras que la entidad mejor evaluada alcanzó 0.47 puntos y fue Querétaro. De manera particular el factor que mide la efectividad de las investigaciones por parte de la policía y de los ministerios públicos, es el peor evaluado de los ocho que conforman este rubro.
En México, el fortalecimiento del Estado de Derecho sigue siendo un tema pendiente, pero hay que comprender que todos y cada uno de nosotros, de forma cotidiana, contribuimos al deterioro de éste y que la mejor forma de exigir a las autoridades su fortalecimiento, es conducirnos con plena libertad entre nuestros derechos y nuestras obligaciones.
