El Estado mexicano está obligado a garantizar la protección a personas migrantes, de manera particular las más vulnerables, como aquella que solicitan refugio o integran la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI+), así lo afirmó el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”.
“Reconocemos la valentía de quienes han tenido que dejar sus países debido a la violencia o discriminación que enfrentan por el libre ejercicio de su sexualidad, su interés político o sus convicciones de carácter personal”.
El abogado José Antonio Lara Duque recordó que en 1990 la Organización Mundial de la Salud “desclasificó” la homosexualidad como un trastorno mental. Más tarde, el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia fue creado para llamar la atención sobre la violencia y la discriminación que sufren los integrantes de la comunidad LGBTI+.
“Las personas refugiadas, migrantes e integrantes de este colectivo LGBTI están sujetas a diversas formas de discriminación, tanto por su origen nacional o estatus migratorio, como por su orientación sexual, características sexuales, identidad y expresión de género”, afirmó.
El litigante puso énfasis en que, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está obligado a sostener espacios seguros para aquellas personas que solicitan la calidad de asilo en nuestro país, de manera particular para los que integran los grupos vulnerables, como la comunidad LGBTI+.
“Lo integrantes de este grupo deben evitar sentirse forzados a ocultar su orientación sexual o identidad de género y deben estar protegidos en todo momento. Las desigualdades arraigadas y de estigmatización de las personas LGBTI+ obligan, entre otras, a emigrar lejos de sus comunidades corriendo riesgos inimaginables en el proceso”, dijo.
Para el caso de los menores de edad, “los riesgos a sufrir abuso, maltrato, violencia sexual y discriminación se intensifican por su corta edad y, sobre todo, por su condición migratoria irregular.
“No se les considera como sujetos de derechos y tampoco existen políticas públicas adecuadas para su protección en México, ni espacios de alojamiento seguros, lo que les obliga a mantenerse invisibles, exponiéndose a diferentes formas de violencia y explotación para sobrevivir”, recordó.
Por este motivo, el Estado mexicano debe fomentar “condiciones dignas para el ejercicio de sus derechos humanos y su integración, lo que se logra al proveer servicios adecuados y no discriminatorios en todo el territorio nacional”.
En el marco de la pandemia de Covid-19, Lara Duque recordó que este grupo vulnerable “experimentar impactos desproporcionadamente adversos al estar expuestos al aislamiento, la estigmatización, violencia, el abuso, la discriminación y la explotación.
“Tener que permanecer en confinamiento con personas que no respetan su identidad de género u orientación sexual; y, en el caso de personas que padezcan alguna enfermedad crónica, podrían enfrentar mayores obstáculos en el acceso regular a medicamentos y servicios de salud.
“Los impactos económicos de la pandemia pueden aumentar el riesgo de que las personas LGBTI refugiadas y migrantes enfrenten mayor marginalización y precariedad, lo que aumenta en sí mismo la exposición al nuevo coronavirus”, resaltó.
