Fortalecer la consulta ciudadana
Yurisha Andrade Morales*
Las consultas ciudadanas constituyen mecanismos para ejercer nuestro derecho constitucional a opinar, por la vía del sufragio, en torno a temas de trascendencia nacional o regional y para construir decisiones vinculantes que corresponden a los órganos de la representación política y de gobierno y que afectan a la colectividad. En México, el artículo 35 constitucional establece que podrán convocarse por el Congreso de la Unión, a petición del presidente de la república o, al menos, por el 33% de los integrantes de cualquiera de las cámaras; o bien, por el 2%, o más, de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores.
Para aprobar la celebración de una consulta la petición debe aprobarse por la mayoría de integrantes de cada cámara y sus resultados serán obligatorios cuando la participación ciudadana en las urnas registre, al menos, el 40% de los inscritos en la lista nominal de electores. Recientemente, en el ámbito federal, solo se registra la consulta que se realizó para saber la opinión ciudadana respecto a si eran o no enjuiciados los expresidentes de México y, más allá de la peculiaridad que tuvo ese ejercicio, debemos rescatar su valor en democracia y desarrollar aspectos que la fortalezcan.
Una medida para potencializar las ventajas de las consultas consiste en la incorporación de tecnologías de la información que disminuya sus costos y propicie la mayor participación de las y los ciudadanos. La implementación de un mecanismo de consulta ciudadana digital facilitaría la recepción de la opinión de la ciudadanía, sobre todo, en temas urbanos que preocupan a gobiernos locales y municipales.
He sostenido en diversos foros, que la consulta ciudadana digital enriquecería el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas locales, permitiendo focalizar recursos, capacidades y competencias en proyectos de gobiernos estatales y municipales predominantemente urbanos. El concepto de ciudadanía digital no puede entenderse como un término futurista o de ciencia ficción, sino como una característica esencial de la nueva realidad política y social que vivimos y que exige rendimientos específicos de los gobiernos en turno. Esta nueva concepción plantea, también, un nuevo enfoque de legitimación del poder, en la medida en que decisiones trascendentes se tomarían a través de una relación de corresponsabilidad con la ciudadanía que se materializaría por medios digitales.
Otra modalidad para fortalecer los mecanismos de consulta ciudadana, estriba en diseñar e implementar una consulta ciudadana de oficio, lo cual exige incorporarla en la ley y definir los temas sobre los que procedería en los distintos niveles de gobierno y, por sus características, constituirían una verdadera política pública de participación ciudadana y de construcción de ciudadanía. Los mecanismos de consulta popular llegaron para quedarse, para arraigarse en el contexto de nuestras sociedades, pero necesitamos dotarlas de modalidades y herramientas que hagan posible su implementación a costos muy bajos.
La consulta ciudadana tardó en concretarse como figura de la democracia directa en México, aún no está asentada del todo en la población y, por ello, es fundamental que las autoridades electorales, tanto el Instituto Nacional Electoral como los órganos electorales de las entidades federativas implementen, en el marco de sus programas de educación cívica, campañas eficaces de promoción.
La consulta ciudadana en México ha dado sus primeros pasos, nos falta potencializar sus beneficios, siendo vital rediseñar fórmulas de involucramiento, para que esté sustentada en una ciudadanía participativa, dado que también implica un ejercicio de soberanía popular. En la medida en que los ciudadanos participen en las decisiones trascendentales del gobierno, se enriquece nuestra democracia.
*Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán
@YurishaAndrade
