Ante el incremento de feminicidios en México, la Federación debe garantizar la suficiencia de recursos para atender a las niñas y mujeres y combatir desde todos los frentes la violencia, demandó la diputada Araceli Saucedo Reyes, tras lamentar que los crímenes contra ellas aumenten y exigir que se revise la estrategia instrumentada en el país y se redoblen esfuerzos.
En un flagelo tan grave como lo es el feminicidio resulta intolerable la simulación en la acción gubernamental para su combate, por lo que la Federación debe evidenciar voluntad y eficiencia y evitar que las mujeres sean víctimas impunes no sólo de la violencia, sino también de la omisión y la negligencia de las autoridades.
La diputada integrante de la LXXIV Legislatura Local calificó como un grave retroceso las determinaciones que ha tomado el Gobierno Federal sobre la atención a las mujeres, pese a las cifras, no existe claridad, ni rumbo, ni política pública real para enfrentar la situación, y un claro ejemplo es la disminución de recursos a los programas y acciones en beneficio de este sector.
Pese a que este día se hizo puso en la mesa que incrementaron los feminicidios en el país en un 35 por ciento, ya que, de mayo a junio, los asesinatos a mujeres por motivos de género pasaron de 73 a 99 a nivel nacional, el Gobierno Federal no logra clarificar cuál es su política al respecto, por lo que es apremiante que se garanticen resultados en el combate contra la violencia y acceso a la justicia.
Araceli Saucedo puntualizó que resulta vergonzosa la postura del Gobierno Federal, la cual no genera certeza alguna sobre la radicación de recursos para la protección de mujeres víctimas de violencia.
“La violencia resulta un acto inaceptable desde cualquier punto de vista, y si consideramos que nuestro país atraviesa por un contexto de violencia exacerbado en contra de las mujeres, lo que todas y todos debemos hacer es cerrar filas para combatirla y se debe empezar por la Federación, autoridad que en vez de emprender acciones para atender este problema, opta por el recorte de recursos que impacta a todas las que requieren de la atención y es evidente que se deja solos a los estados y municipios”, recalcó.
Los datos del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública (SENSP) presentados hoy en Palacio Nacional, subrayó la también secretaria del Comité Ejecutivo Estatal del PRD deben ser valorados y actuar para combatir la violencia y feminicidio.
Lamentó que, pese a que en el primer semestre del año se registraron 489 feminicidios en México, la autoridad Federal no rectifique las acciones para atender este problema, el cual debería ser una prioridad en la agenda nacional.
“El Gobierno Federal debe reconsiderar la postura asumida en torno a la violencia contra las mujeres, la cual quedó minimizada en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, en donde hubo un recorte sustancial de recursos destinados a la atención y combate de este flagelo nacional y que, durante la pandemia por el coronavirus, también fue minimizado, pese a los reportes de lo que viven día a día este sector”, subrayó.
Asimismo, coincidió con la Red Nacional de Refugios sobre que el recorte presupuestal al Instituto Nacional de las Mujeres, es un hecho que contraviene lo establecido en tratados internacionales y en preceptos constitucionales, que señalan que los derechos humanos de las mujeres deben asegurar el principio de progresividad, lo que implica el fortalecimiento de los recursos económicos y humanos necesarios para su cumplimiento.
“Se está desmantelando la política de igualdad y derechos humanos de las mujeres, no existe claridad sobre el trabajo que se realiza, porque se apuesta a debilitar las áreas encargadas de velar por los derechos de las mujeres, lo cual es alarmante, porque pese a las cifras sobre que se ha incrementado el feminicidio, la autoridad Federal no corrige el rumbo”.
Finalmente reprobó el desinteresado de la Federación para quienes representan más de la mitad de la población en México, lo cual se observa y es claro desde la confección de los presupuestos federales, en donde las mujeres han sido relegadas a segundo término y de igual forma en el trabajo para garantizarles un entorno libre de violencia.
