Morelia, Mich.-04 de marzo de 2022.-La diputada Fany Arreola en compañía de activistas
pro derechos humanos y víctimas de violencia presentó una iniciativa de Ley de atención al desplazamiento forzado interno del estado de Michoacán que contempla la atención
adecuada a este problema cuando es por temas de violencia, desde su visibilización hasta su prevención y la reparación del daño causado.
“Es una un iniciativa ciudadana que no tiene tintes políticos y lo único que quiere es
visibilizar el problema y generar una estadística confiable de las personas que tienen que
huir de su lugar de origen por la violencia”, señaló la legisladora.
Gregorio López, sacerdote activista pro derechos humanos, señaló que es necesario
institucionalizar el trabajo de atención los expulsados y fusilados por la violencia.
Lo anterior debido a que señaló que son Asociaciones Civiles las que atienden a las
víctimas, y no ven acciones contundentes por parte del gobierno.
“Pareciera que la autoridad está volteando a otro lado”.
El ministro religioso señaló que la gente no tiene ni la posibilidad de arreglar documentos o planear su retiro de la comunidad, pero la violencia no permite eso dado que quien huye no lo hace solo por las anomalías que vive si comunidad sino por amenazas directas.
“Se les da un últimatum para salirse de sus comunidades en la Tierra Caliente y Sierra
Costa”, dijo. También se explicó que tiene que haber una Ley de Transición y compromiso de la no repetición de los hechos delictivos, para restituir los daños.
El sacerdote señaló que hay jefes de plaza del crimen organizado con patrimonios
registrados ante el registro público de la propiedad, por lo que se debería cuestionar a las
autoridades que lo avalaron.
“¿Quién aprobó eso?”.
Por lo anterior se genera un sistema económica basada en la ilegalidad.
“La única empresa exitosa en la Tierra Caliente de Michoacán se llama sicariato” .
La legislación propuesta también prevé que además de la violencia del crimen organizado
se prevean problemas como la xenofobia, la persecución a comunidades en particular y la
violencia familiar.
Otro de los servicios que se debe proveer a través de la nueva ley en caso de ser aprobada es el auxilio en trámites para recuperación de documentos y denuncias.
Los cálculos de los ciudadanos que apoyan la iniciativa señalan que hay entre 15 mil y 35
mil personas desplazadas en la zona de la Sierra Costa y Tierra Caliente.
“No estamos pidiendo migajas, sino un derecho algo que le corresponde a 35 mil
habitantes”, señaló el sacerdote.
RED 113 MICHOACÁN/ Redacción
