Morelia, Michoacán; 03 de agosto de 2020. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) lanza un exhorto al Gobierno de Michoacán y los municipios de la entidad para que se atienda sin dilación el fenómeno de la desaparición forzada de personas en la región de la Tierra Caliente, como consecuencia de la violencia que se registra en esa zona de la entidad.
El encargado del Despacho de la Presidencia, Uble Mejía Mora, instruyó a la Visitaduría Regional de Apatzingán para que integre un expediente de oficio por el desplazamiento de personas, particularmente de las familias que tuvieron que abandonar recientemente sus hogares en la localidad del Aguaje en el municipio de Aguililla, ante los constantes enfrentamientos armados y la violencia que ejercen los grupos de la delincuencia organizada.
El expediente fue turnado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ante la gravedad del fenómeno de desplazamiento de familias, que no es exclusivo de Michoacán, sino de distintas partes de la geografía nacional.
Este viernes personal de la CEDH se reunió con algunas de las personas agraviadas para conocer la situación en la que se encuentran. El organismo mantendrá el seguimiento de este caso y brindará el acompañamiento que los afectados necesiten.
La CEDH exhorta al gobierno de Michoacán y a las autoridades municipales de las distintas regiones en donde se registra el fenómeno para que se atienda esta problemática y se brinde a las familias desplazadas la atención necesaria, se les de la protección, el albergue y se cubran las necesidades elementales en tanto pueden regresar a sus hogares.
Este organismo advierte la necesidad urgente de reconocer la existencia de este fenómeno, en el país y en Michoacán, a fin de que las autoridades de los tres niveles de gobierno, establezcan los mecanismos para la atención y solución a los conflictos que lo originan; pero además para que se garanticen los derechos a la salud, educación, alimentación, vivienda y empleo de las personas desplazadas.
El desplazamiento forzado es una violación a los derechos humanos y se traduce en violaciones al derecho a la vida, la integridad, la libertad personal y la seguridad pública; pero además conlleva violación a otros derechos como a la propiedad privada y al domicilio, cuando están implícitos la destrucción o el abandono de las tierras, propiedades y viviendas de los afectados.
